Alcoy rechaza la violencia en las aulas y pide medidas para proteger al profesorado

Alcoy rechaza la violencia en las aulas y pide medidas para proteger al profesorado / INFORMACIÓN

Si bien en algunos países nuestra labor se reconoce con respeto —incluso con cierta reverencia—, aquí parecemos reducidos a meros peones que acuden cada día a un sistema cada vez más precario para enseñar “algo”, como si ese “algo” no sostuviera, en realidad, los cimientos de toda la sociedad.

Las exigencias se acumulan hasta volverse difícilmente asumibles: debemos trabajar por la inclusión racial y cultural; atender con prioridad los casos de Necesidades Educativas Especiales; apostar por una educación personalizada; considerar las distintas inteligencias descritas por Gardner; garantizar que el alumnado con Altas Capacidades esté debidamente atendido; y velar por la estabilidad emocional de cada estudiante. Todo ello en aulas con ratios de más de 30 alumnos en secundaria y bachillerato (y de 25 en primaria); en muchos casos, además, en barracones o en instalaciones deterioradas, con humedades, filtraciones y goteras; patios anclados en otro tiempo. Y, al mismo tiempo, se nos pide cerrar la brecha tecnológica —con libros digitalizados—, pero limitando el uso de pantallas por sus efectos en la salud visual. Una ecuación, cuanto menos, paradójica.

Mientras tanto, quienes determinan los recursos y las condiciones de nuestras aulas —es decir, aquello que repercute directamente en la educación de sus hijos— toman decisiones con frecuencia más guiadas por la ideología que por la coherencia pedagógica. Cabe preguntarse: ¿alguna vez han considerado consultarnos sobre lo que realmente necesitamos? ¿Se han detenido a pensar cómo articular un sistema educativo eficaz y sostenible? No disponemos de una varita mágica, por supuesto. Pero nuestra vocación, junto con años de experiencia, respalda un criterio sólido sobre la realidad educativa. No se trata de superioridad, sino de conocimiento vivido: pisamos cada día las aulas, conocemos sus preocupaciones y sus límites. De ahí que cobre sentido aquel adagio, tan sencillo como certero: “zapatero a tus zapatos”.

La respuesta institucional, sin embargo, suele escudarse bajo el mismo mantra: “somos la provincia peor financiada de España”, lo que implica que el presupuesto destinado a educación sea menor que en otros territorios.

Y, aun así, se nos exigen resultados: se nos cuestiona por no liderar los rankings educativos o por no destacar en el Informe PISA. Pero entonces conviene invertir la pregunta: ¿a quién rendimos cuentas nosotros cuando somos humillados, ofendidos o incluso agredidos, como ha ocurrido recientemente con el profesor de Alcoy? Conviene decirlo con claridad: no se trata de un caso aislado, sino del reflejo de una deriva preocupante que muchos docentes viven en su día a día. ¿Quién nos protege frente a progenitores o alumnado que reaccionan con violencia cuando una calificación no satisface sus expectativas?

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Cada vez más a menudo me pregunto: ¿Cómo hemos llegado a convertir la educación en una profesión de riesgo, sepultada además por un nivel de burocracia asfixiante impuesto por quienes, paradójicamente, no habitan las aulas?

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