Cada 36 minutos, en promedio, una niña, un niño o un adolescente pasa en Colombia por un examen médico-legal a causa de un presunto delito sexual. Entre enero y junio de 2026 fueron 7.307 valoraciones. El grupo con más casos fue el de 10 a 14 años, con 3.827, más de la mitad del total. Son cifras de Medicina Legal y no significan que todos hayan sido judicializados ni que todos los hechos hayan sido denunciados. Pero sí muestran la dimensión de un problema que no admite más indiferencia.

Esta semana esa estadística tuvo el rostro de Ana Lucía González, una niña de nueve años reportada como desaparecida y que fue hallada sin vida en Bogotá. Al presunto responsable capturado, se le acusa de feminicidio y de actos sexuales con menor de 14 años.

Dos datos y una tragedia obligan a mirar el problema de otra manera. Colombia discute, con razón, qué debe ocurrir con quien agrede sexualmente o asesina a un niño. Pero también debería preguntarse qué debe ocurrir antes. Un sistema de protección infantil no puede aparecer después del delito atroz. Tiene que ser capaz de identificar riesgos,........

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