Significa un gesto diplomático contundente la reciente decisión de Estados Unidos de financiar, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una nueva Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional del Perú, con respaldo técnico y supervisión del FBI. Es un reconocimiento, además, de que el crimen organizado transnacional, las economías ilegales —que irán escalando objetivos económicos y políticos comunes— y el narcoterrorismo amenazan con asolar y superar la capacidad unilateral de respuesta estatal. Se exige, ante ello, una estructura de inteligencia y persecución de alto nivel y de alcance internacional alineado a las democracias liberales en el continente.

Esta unidad policial PNP-FBI, orientada a desmantelar organizaciones de alta complejidad —extorsión, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal o mineterrorismo y sus redes asociadas—, se inserta en una lógica que venimos subrayando desde hace tiempo en este espacio: la presencia operativa del FBI, la DEA y, en un esquema más amplio, de capacidades de inteligencia aliadas (incluyendo el Mossad en experiencias regionales antiterroristas y anticriminales) es indispensable para cortar las venas de un fenómeno que ya no es solo delictivo común, sino que va cruzando a lo político-criminal.

Aquí conviene precisar el alcance de esta cooperación:

- Seguridad interna o ciudadana: la unidad policial con apoyo del FBI busca proteger directamente a la población frente a delitos complejos que afectan la vida cotidiana —sicariato, extorsión, terrorismo urbano, control territorial en ciudades, zonas mineras y cocaleras.

- Seguridad nacional:........

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