La crisis por la que atraviesa el Perú no es un accidente ni tampoco es una coyuntura pasajera. Es el resultado de un sistema político que, desde el 2016, permanece siendo deformado por la combinación más peligrosa posible: un parlamentarismo hipertrofiado enfrentado a un presidencialismo debilitado, que fundamentalmente utiliza la censura y la cuestión de confianza como instrumentos de presión, chantaje y extorsión. Hernando de Soto lo resumió con precisión al narrar su reciente experiencia: propuso un gabinete técnico para garantizar la transparencia electoral, y el presidente interino, José María Balcázar, lo aceptó… pero horas después retrocedió por presiones del Congreso. La pregunta es inevitable: ¿qué llevó a Balcázar a convocar a De Soto para ofrecerle el premierato y, luego, a retirarle la propuesta sin aviso alguno? La respuesta apunta a un fenómeno que se ha convertido en estructural: la captura del Ejecutivo por una mayoría congresal que opera como un bloque de poder informal, capaz de imponer decisiones, vetar nombramientos y condicionar la gobernabilidad. La presión ejercida por grupos parlamentarios con intereses propios —y no necesariamente alineados con los intereses nacionales— terminó por desbaratar a un gabinete nonato, que buscaba devolverle al país un mínimo de coherencia institucional. Esta dinámica revela un problema más profundo: nuestro país vive bajo una forma de dominación política que se presenta como democrática, pero que —en la práctica— solo funciona como un sistema de control corporativo del Estado. No se trata de ideologías ni de proyectos de país. Se trata de redes de poder que usan las instituciones para preservar cuotas, influencias y beneficios. La corrupción no es un accidente dentro del sistema: es el sistema mismo. Desde el escándalo Odebrecht, este país ha sido testigo de cómo mafias políticas, enquistadas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial —además, en diversas agencias del Estado— han transformado la corrupción en un mecanismo de extorsión institucional. La amenaza de censuras, así como la manipulación de investigaciones, la presión sobre nombramientos y la captura de organismos clave, se han vuelto prácticas habituales. El caso Balcázar–De Soto es, apenas, el episodio más reciente de un patrón que se repite: cuando un intento de reforma amenaza intereses instalados, el sistema reacciona para neutralizarlo brutalmente. El resultado es un poder político que opera sin contrapesos reales, capaz de bloquear decisiones del Ejecutivo, manipular procesos institucionales y condicionar la estabilidad del Estado. La ciudadanía observa este deterioro con indignación y resignación, atrapada por un sistema que parece diseñado para perpetuar la impunidad y la mediocridad. La normalización de estas prácticas ha generado una sociedad políticamente paralizada, incapaz de reaccionar ante la degradación institucional. El Perú necesita reconstruir su arquitectura política desde la base: redefinir las reglas de relación entre Ejecutivo y Congreso, blindar las instituciones técnicas de la captura partidaria y establecer mecanismos que impidan que nuestras minorías organizadas se impongan sobre una mayoría ciudadana. Mientras no se aborde este problema, cualquier intento de reforma será devorado por este monstruo que asfixia al país.

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