Más de dos décadas hemos convivido con nuestro sistema de seguridad energética vulnerable. Los informes sectoriales, como las auditorías internas y las alertas de organismos multilaterales, han reiterado lo mismo: una infraestructura energética expuesta, sin redundancias, protocolos de contingencia y sin estándares mínimos de resiliencia. ¡Ningún gobernante lo corrigió, porque las vulnerabilidades no generan réditos políticos y la inversión en prevención nunca compite contra el gasto visible! Fue aquella fragmentación institucional la que permitió que cada administración traslade la responsabilidad a la siguiente. Pero, encima, la seguridad energética nunca fue tratada como asunto de seguridad nacional, sino como vulgar apéndice técnico relegado a decisiones presupuestales. El resultado es que nuestro país opera su sistema energético como si fuera indestructible, cuando bastó un evento disruptivo —natural, accidental o deliberado— para paralizarlo. Tenemos, pues, una infraestructura energética muy vulnerable y sin redundancias, mientras los países de la OCDE, la Unión Europea y Asia-Pacífico han adoptado marcos regulatorios que consideran su seguridad energética como pilar estratégico. Nuestro problema no es técnico; es político. El primer mundo protege su sector energético porque entiende que la energía es la columna vertebral de la economía, la seguridad y la vida cotidiana. Acá, en cambio, actuamos como si el suministro energético fuera un simple acto de fe. Pero cada interrupción masiva del suministro energético repercute en multimillonarias pérdidas económicas por la paralización industrial, hospitalaria, de transportes, telecomunicaciones y servicios básicos. Somos un país enormemente expuesto a sabotajes, ataques y/o fallas catastróficas. Y aquello repercute en la confianza de inversionistas y operadores internacionales a través de sobrecostos concretos. Y cada año que continúe pasando —sin corregirse la falla— ese costo potencial aumenta y la responsabilidad técnica se multiplica. Para evitar otra catástrofe, necesitamos declarar la seguridad energética un asunto de interés nacional, estableciendo estándares obligatorios de resiliencia y redundancia; creando un sistema de auditorías periódicas con sanciones efectivas; exigiendo planes de contingencia validados por organismos independientes; blindando la planificación energética de ciclos políticos y presiones sectoriales. Para conseguirlo, se necesita: 1) contar con una autoridad técnica autónoma para la infraestructura crítica; 2) integrar los sectores Defensa, Interior, Energía y Transportes en un solo comando permanente de seguridad energética; y 3) establecer protocolos de respuesta rápida, con simulacros obligatorios. Esto, además de construir redundancias físicas: rutas alternas, sistemas de respaldo, almacenaje estratégico; modernizar ductos, estaciones, válvulas y sistemas de monitoreo, implementadas con sensores con inteligencia artificial y vigilancia continua para detección temprana de fallas. También asegurar el financiamiento multianual para mantenimiento/renovación de todo ello. Esta lista corta es el mínimo indispensable para que el país deje de operar al borde del colapso. Lo que hemos sufrido no es un error técnico, sino un descalabro político acumulado. Ninguno de los gobiernos quiso asumir el costo de corregir la vulnerabilidad. La seguridad energética no debe seguir siendo tema relegado a informes que nadie lee. Es hora de exigir responsabilidad y acción. Los políticos necesitan entender que la energía no es otro servicio más. ¡Es la base de todo lo que funciona en el país!

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