La integridad de un proceso electoral depende, antes que cualquier otra cosa, de la solidez de las instituciones encargadas de conducirlo. Cuando esa arquitectura se altera, retrasa y/o queda incompleta, el sistema democrático entero explota. Esto es, exactamente, lo que vuelve a ocurrir hoy con el Jurado Nacional de Elecciones: un pleno incompleto, un representante ausente y un Colegio de Abogados de Lima que, ¡por segunda vez en menos de un quinquenio!, incumple su responsabilidad de acreditar a un delegado. El patrón es idéntico. En 2021 el JNE operó con cuatro miembros, por falta de acreditación del representante del CAL. Hoy el escenario es prácticamente idéntico. El periodo del delegado anterior concluyó hace más de un año. No obstante que el CAL eligió a un nuevo representante con amplia votación, su Comité Electoral nunca lo proclamó “por un pedido de nulidad” que lleva semanas sin resolverse. Su Junta de Vigilancia, cuestionada judicialmente, ha solicitado una asamblea para remover al comité organizador, sumando un nuevo nivel de incertidumbre. Si esa asamblea no resolviese el impasse, el CAL tampoco podrá elegir a su nuevo decano en segunda vuelta prevista para el 14 de marzo. Consecuentemente, todo apunta a que el JNE volverá a enfrentar otro proceso electoral crucial con un pleno incompleto. No es un detalle administrativo. Es un problema estructural. Un organismo electoral sin todos sus miembros no solo operará con menos legitimidad; será, además, vulnerable a cuestionamientos posteriores, cualquiera sea el resultado de los comicios. En este país donde la confianza pública está destrozada; donde cada decisión institucional es objeto de sospecha; donde la polarización se ha transformado en norma —permitiendo que el máximo árbitro electoral funcione con una silla vacía— semejante irresponsabilidad debiera tener gravísimas consecuencias. El contexto agranda el riesgo. Las próximas elecciones se desarrollarán en un ambiente político crispado, marcado por reyertas de poder en el Congreso, acusaciones cruzadas y una población que observa indignada cómo se trapichean cuotas, alianzas y repartijas de poder. La batalla por el control institucional pareciera constituir un fin en sí mismo, para instituciones públicas como el CAL; no así garantizar procesos transparentes y decisiones legítimas al JNE. ¡El JNE no puede permitirse repetir yerros que fracturen la confianza pública! La solución no pasa por discursos ni gestos simbólicos; solo por decisiones inmediatas, responsables. ¡El CAL debe resolver su proceso interno sin más dilaciones! ¡El JNE debe demandar el cumplimiento de los plazos y mecanismos establecidos; caso contrario, denunciar penalmente a su directiva! ¡El país exige que sus instituciones actúen con la claridad y firmeza que exige el momento! La precariedad del CAL no es un caso aislado. Implica el deterioro transversal de la institucionalidad en el país. Cuando un colegio profesional no logra proclamar a su representante; cuando su comité electoral interno queda paralizado por impugnaciones; cuando una junta de vigilancia no adopta medidas drásticas para resolverlo —todo ello a semanas de unas elecciones nacionales— el problema no es del CAL. ¡Es del sistema democrático en su totalidad!

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