En el Perú solemos repetir que nuestras instituciones no funcionan. Sin embargo, de vez en cuando ocurre algo que demuestra exactamente lo contrario: el Estado sí puede actuar con rapidez, coordinación y eficacia. El problema es que esa capacidad no siempre aparece cuando el país más la necesita. La muerte de una joven deportista tras ser atropellada ha conmocionado al país y ha generado una profunda indignación colectiva. La pérdida de una vida joven es una tragedia irreparable. Pero los hechos que rodearon este caso también han dejado al descubierto algunas realidades incómodas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y sobre la forma en que el país procesa determinados acontecimientos. En pocas semanas la Policía Nacional logró identificar al conductor involucrado, reconstruir los hechos mediante cámaras de seguridad y poner el caso en manos del Ministerio Público. La Fiscalía actuó con rapidez y el Poder Judicial dictó prisión preventiva. El sistema funcionó con coordinación y eficacia. Esa reacción demuestra que el Estado peruano sí cuenta con capacidades para investigar, ubicar responsables y actuar con rapidez cuando decide hacerlo. Precisamente por ello, resulta inevitable observar los contrastes que aparecen en otros escenarios. La misma estructura policial, fiscal y judicial que puede desplegar recursos tecnológicos y resultados en cuestión de semanas no ha mostrado una eficacia equivalente en situaciones donde la propia justicia mantiene órdenes de captura vigentes desde hace largos períodos. El caso del exgobernador regional Vladimir Cerrón, prófugo desde hace más de quinientos días, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de esa inconsistencia. La sensación se intensifica al observar el crecimiento del crimen organizado. El sicariato, las redes de extorsión y la violencia que golpea especialmente al sector transporte forman parte hoy de la preocupación cotidiana de miles de peruanos. Frente a ese escenario, la ciudadanía observa con desconcierto cómo la capacidad investigativa demostrada en algunos casos no siempre se traduce en respuestas igual de contundentes frente a fenómenos criminales que afectan diariamente a la población. El caso también ha expuesto otro problema que afecta al debate público: el rol que asumen algunos sectores del comentario mediático frente a hechos que todavía se encuentran bajo investigación judicial. El periodismo cumple dos funciones esenciales en una democracia: informar y opinar. Pero ninguna de esas funciones sustituye el papel de la justicia. Cuando desde el espacio mediático comienzan a atribuirse categorías penales antes de que un proceso concluya, el debate público pierde serenidad y el periodismo corre el riesgo de convertirse en un tribunal paralelo. El Perú necesita justicia para los casos que conmueven a la opinión pública. Pero también necesita instituciones que actúen con la misma determinación frente a todos los problemas que afectan a los ciudadanos, no solo frente a aquellos que concentran la atención mediática. La verdadera fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad de reaccionar ante un caso que indigna al país, sino por su consistencia para actuar con la misma eficacia todos los días.

Por David García Rodríguez

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