Para construir una carretera, un hospital o una obra de infraestructura, el Estado exige expedientes técnicos, presupuestos, evaluaciones y autorizaciones. Nadie puede construir un puente sin saber qué problema resolverá, cuánto costará, cómo se financiará y cuál será su repercusión real. Pero cuando se trata de construir una ley, una decisión que crea obligaciones, compromete recursos públicos, genera instituciones e incide durante años en millones de ciudadanos, no siempre se exige el mismo rigor. Si existen reglas para garantizar la calidad de una ley, ¿por qué seguimos permitiendo que iniciativas que no demuestran su necesidad, pertinencia, conveniencia y sostenibilidad lleguen a convertirse en ley? El problema no es la ausencia de reglas. El Perú cuenta con disposiciones constitucionales, el Reglamento del Congreso, normas de técnica legislativa, análisis costo-beneficio y opiniones técnicas. El propio Congreso ha desarrollado herramientas metodológicas para evaluar las propuestas legislativas. Las herramientas existen. Lo que no sabemos es si están funcionando como filtro para garantizar la calidad de las leyes que aprobamos. Y los ejemplos para ponerlo en duda sobran. Una ley no es solamente un conjunto de palabras que se publica en El Peruano. Puede crear derechos y obligaciones, generar instituciones y comprometer recursos públicos........

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