En el Perú, el arbitraje institucional y las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) no son un lujo ni un capricho. Son mecanismos que han permitido que la contratación pública y privada avance con eficiencia, transparencia y confianza. Han sido pilares de modernización, descentralización y seguridad jurídica. Por eso, cualquier cambio que afecte su funcionamiento debe construirse con diálogo técnico y con la participación de quienes conocen el sistema. Las modificaciones publicadas por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio generan preocupación. No solo por el alcance de las nuevas reglas, sino por el impacto que pueden tener en la autonomía de los centros de arbitraje. No se trata de un detalle........

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