Todo el mundo sabía desde hacía muchos días que Jordi Pujol, debido al estado de salud cada vez más delicado en que se encuentra, no estaba en condiciones de ser juzgado con plenitud de garantías en la causa abierta contra él y la familia por la procedencia del dinero que durante años tuvieron en Andorra y que mantuvieron escondido del fisco español. Por eso no es extraño que finalmente el tribunal lo haya excluido del caso, como ya pasó en su momento con Marta Ferrusola, su mujer, fallecida en 2024. Pero, para llegar a esta conclusión, no hacía falta hacerlo ir a Madrid para someterlo a un ejercicio de escarnio que prácticamente todo el mundo —siempre hay a quien le gusta hacerse notar y llevar la contraria— ha deplorado.

El 126.º president de la Generalitat tiene, desde hace tiempo, dificultades serias de movilidad —necesita andador para desplazarse— y deficiencias cognitivas severas que le producen lapsus, pérdidas de memoria y bloqueos temporales que lo dejan en blanco. A punto de cumplir 96 años —el 9 de junio—, haberle hecho pasar el suplicio de un viaje de ida y vuelta en coche a la capital de España han sido ganas de querer demostrar quién manda de verdad para que quede claro que es el estamento judicial —la Audiencia Nacional como digna sucesora del franquista Tribunal de Orden Público (TOP)— el que salvaguarda la integridad de la patria española por encima de todo y de todos y el que no tiene piedad ni siquiera con quienes han sido colaboradores leales. Y es que eso es lo que había sido Jordi Pujol como valedor del marco legal autonómico surgido de la transición........

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