Alos tres días de la posesión presidencial, Colombia sufrió una de sus peores catástrofes naturales. No solo tembló la tierra; también los cimientos de la sociedad entera. La solidaridad como deber ciudadano no ha ignorado el dolor que dejó el terremoto a su paso.

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Para el Gobierno, al que se le reconoce diligencia y celeridad —como se esperaría de cualquier otro a la luz de las obligaciones constitucionales que se imponen al Estado en materia de protección de las personas más vulnerables—, el terremoto dejó consecuencias. Luego de la catástrofe y dimensionada su magnitud, la Administración se ha visto obligada a recalibrar sus metas y propósitos inmediatos de gobierno, más aún cuando comienza la fase de reconstrucción.

Tal vez la palabra “reconstrucción” no sea la más exacta para describir cabalmente lo que en un Estado social de derecho significa responder con políticas públicas a las exigencias de enfrentar la vulnerabilidad humana y,........

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