Incertidumbre y angustia se viven en Colombia por la imposición de un gravamen al patrimonio de empresas y fundaciones por parte del gobierno Petro, en el marco de la segunda emergencia económica. La apuesta de los afectados era simple: que la Corte Constitucional frenara el decreto que creó el tributo, en ejercicio del control automático de constitucionalidad y mediante la suspensión provisional consagrada en el emblemático Auto 082 de 2023.

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Recordemos que la Corte permite, con este tipo de suspensiones, que una medida establecida en decretos legislativos deje de producir efectos mientras se decide de fondo. Esto ocurre cuando su aplicación puede generar daños graves e irreparables al orden constitucional. Es una herramienta excepcional que protege la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, y evita que el Ejecutivo legisle de manera extraordinaria sin cumplir estrictamente los requisitos constitucionales.

Para la Corte, esta suspensión........

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