Colombia votó en paz ayer, en una jornada que hasta el momento de escribir estas líneas pasaba de los 16 millones de votos para Congreso y superaba los 6 millones para las consultas interpartidistas. La más votada fue la Gran Consulta por Colombia, en la que ganó ampliamente la candidata Paloma Valencia, seguida de Juan Daniel Oviedo, que se constituye en toda una revelación política.

Sin perjuicio de comentar más a fondo en este espacio los resultados de Cámara y Senado, en el cual el Pacto Histórico obtuvo nuevas curules, seguido por el Centro Democrático, hay que decir que estos guarismos envían mensajes de gran significado político. Hablan de una amplia afluencia y, en el caso de la Gran Consulta, evidencian una ciudadanía que decidió participar en ella por encima de varios partidos tradicionales que pidieron a sus seguidores no solicitar ese tarjetón. La voz del pueblo se ha manifestado y da para análisis más profundos.

Un hecho relevante es que, más allá de amenazas de seguridad y algunas alteraciones puntuales, los enemigos del proceso electoral no lograron opacar la jornada. En un contexto regional y global en el que las democracias enfrentan crecientes presiones, no es un dato menor que la votación se haya desarrollado con normalidad en la gran mayoría del territorio y que las autoridades hayan podido garantizar el derecho al sufragio.

Aunque se reportaron episodios aislados de orden público, que hay que condenar, como la destrucción de material electoral en un puesto de votación en Bolívar o un ataque con dron atribuido a estructuras armadas ilegales en Meta. También generó preocupación el intento de ingreso irregular de miles de personas desde Venezuela por la frontera en Norte de Santander. Sin embargo, el balance general confirma que estos hechos no impidieron el desarrollo de las votaciones ni alteraron el funcionamiento de la jornada electoral. Tampoco en lo que atañe al preconteo realizado por la Registraduría.

Donde más señales se produjeron, que deben inquietar, fue en el campo de los delitos electorales. Durante los operativos previos desplegados eficazmente por la Fuerza Pública se incautaron más de 3.700 millones de pesos que, según las investigaciones preliminares, estarían destinados a prácticas de compra de votos. Además, se reportaron decenas de capturas por conductas relacionadas con corrupción al sufragante y fraude electoral. Se trata de comportamientos inaceptables que deben ser investigados con rigor y castigados con todo el peso de la ley.

No se puede ignorar que donde más señales se produjeron, que deben inquietar, fue en el campo de los delitos electorales

Pero conviene subrayar que estos hechos nada tienen que ver con la organización electoral, no comprometen la labor de la Registraduría ni el funcionamiento del sistema electoral. Confundir una cosa con la otra solo sirve para alimentar aquellas narrativas que buscan sembrar dudas infundadas sobre la integridad de las elecciones.

En suma, una vez más, la organización electoral del país demostró ser sólida, confiable y robusta, como nuestra democracia. Lo que viene ahora es un camino de mucha filigrana política, donde jugarán un papel clave las alianzas en la campaña presidencial y, para el caso del Congreso, la consolidación de los bloques partidistas. En resumen, Colombia se ha pronunciado.

EDITORIAL

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