Opinión Acabar con Zapatero, terminar con lo público: de las cajas de ahorro a la SEPI

“No hay pan para tanto chorizo”, rezaba el castizo eslogan de aquellos días de mayo de 2011. Un año antes, habían empezado los recortes de derechos que nos situaban en la órbita de los Estado de Bienestar (cheque bebé, ayuda de 400 euros), se recortaban sueldos públicos y caían los salarios, la inflación se disparaba, mientras la banca y el Plan E se llevaban 150.000 millones del Estado.

En enero de 2011, el Gobierno de Zapatero aprobó un ajuste de las pensiones, gota que colmó el vaso de la paciencia de la ciudadanía, que empezó a ver cómo el Estado tenía una doble vara de medir con el gasto público. Podemos y Ciudadanos apuntaron a las redes clientelares de los partidos para hundir a las cajas de ahorros y luego rescatarlas, tal y como se apuntó en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los diputados, que debió de sacar conclusiones y recomendaciones sobre la crisis financiera, y que se selló sin cambios sustantivos en la legislación española, ni tampoco con la devolución del rescate. Los votos particulares de todos los partidos (Ciudadanos, PNV, Podemos) en dicha Comisión, a excepción de PP y PSOE, apuntaron a algo: se socializaron las pérdidas y las instituciones financieras y supervisores fueron capturadas por los grandes partidos para favorecer sus propios intereses y los de sus redes clientelares. Estas redes fueron las grandes constructoras beneficiadas por el ladrillo y que, durante la crisis, fueron apoyadas gracias al rescate a las cajas de ahorro, a las que debían miles de millones de euros.

Las cajas de ahorro han sido, hasta su desaparición, un instrumento financiero eficaz para vehicular el ahorro y para facilitar el crédito a empresas e instituciones regionales, y también un atípico instrumento dentro del sistema financiero internacional. Eran entidades financieras con vocación social (al igual que en el modelo francés o alemán), pero a diferencia de otros países, era principalmente instituciones políticas de orden regional las que participaran en sus órganos rectores: ayuntamientos, Parlamentos regionales, sindicatos, y patronal (además de los trabajadores).

Mediante regulaciones legislativas, como la hecha por Aguirre en 2003, el PP se aseguró el control de Caja Madrid, con participación de miembros del PSOE o IU. Lo mismo hizo el PSOE con Cajasol en Andalucía o en Catalunya con Caixa Catalunya. Es decir, los mismos partidos que controlaban los créditos a nivel regional, desde los gobiernos de las comunidades eran los que diseñaban los planes de ordenación urbana y facilitaban licitaciones y concesiones a empresas. Era la singularidad del sistema político español, facilitada por la Constitución del 78, que centra todo el poder en los partidos políticos. EL FROB, el instrumento que canalizó el rescate a la banca, estaba controlado por el Gobierno del PSOE, e........

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