Opinión Maricarmen en Erandio: apuntes sobre la vivienda en Euskal Herria

A estas alturas todo el mundo sabe que el miércoles sacaron a Maricarmen en camilla de la casa en la que llevaba setenta años. Hicieron falta cuatro intentos, gas pimienta y una comitiva judicial que desoyó al Comité de la ONU. Esa misma tarde más de diez mil personas se congregaron delante del ático que Ayuso compró en Chamberí. El sábado, entre 25.000 y 200.000 personas, según quién las cuente, marcharon de Sol al Congreso, para terminar plantando más de 300 tiendas de campaña en una acampada que continúa. Concentraciones previstas en cuarenta ciudades. Y un Gobierno acorralado. Sánchez  llega al Consejo de Ministros del martes con un decreto en la mano que no tenía el lunes anterior.

Conviene detenerse en cómo se ha producido el caso. No ha sido un partido ni un juzgado ni un editorial quien ha marcado la agenda. El Sindicato de Inquilinas ha convertido la orden judicial de desahucio en un caso político, el caso de un nombre propio y el nombre en la exigencia material para millones de personas: contratos indefinidos, congelación del IPC, freno a los lanzamientos, fin del fraude del alquiler de temporada. A diferencia del 15-M, con su ataque difuso a la casta, las movilizaciones contra la vivienda se dirigen contra la figura del rentista, y aliados entre la clase política.

El sindicalismo de vivienda coloca el miedo en el pago al casero y no en el vecino sin papeles, y señala a los verdaderos antisociales, que son los que viven de cobrar rentas

Cuando el desahucio de una mujer de 87 años abre los telediarios durante días y le disputa la portada a la crisis de Ceuta —que se juega en el marco de la derecha mientras la vivienda es el terreno donde la ofensiva es de clase—, el caso no es más grave que los cientos que se ejecutan cada semana en silencio. La diferencia es que hay una organización que lo acompaña, lo señala, lo lleva a los medios y lo convierte en debate público.

Sin esa fuerza colectiva, la misma mujer recoge sus cosas y se va. Ante un sindicato movilizado, el Gobierno tiene que dar torpes declaraciones ante la prensa internacional, fingir indignación, aparentar impotencia. Es en esos momentos en los que se juega la diferencia entre resistir y obtener victorias que insufla fuerza al movimiento. 

Primera constatación: sólo hay una fuerza a la ofensiva

En el Estado español hay hoy una sola fuerza con capacidad y agencia para recuperar la ofensiva frente al bloque reaccionario y su cruzada racista. Ese contrabloque histórico es el sindicalismo de vivienda. No porque sea más grande que otros, sino porque es el único que ha sabido darle la vuelta al tablero al colocar el miedo, en el pago al casero y no en el vecino sin papeles, y señala a los verdaderos antisociales, que son los que viven de cobrar rentas. La explotación mensual que se lleva la mitad del salario de millones de personas deja de plantearse como  un problema de oferta y se focaliza en la relación de clase. A diferencia del resto de instituciones de representación, el sindicato es el único organismo que la nombra así y tiene capacidad de colocar ese mensaje en horario de máxima audiencia.

El conflicto de la vivienda no es solamente un problema de desigualdad o de escasez, es la cristalización de un conflicto de clase en dos bloques históricos. Uno, consolidado en torno al rentismo como forma dominante de acumulación, es decir, promotores, fondos, entidades financieras, partidos del régimen y una constelación de pequeños propietarios que participan, a su escala, del mismo esquema extractivo porque les beneficia. Otro, potencial, todavía por articular, compuesto por inquilinas, desposeídas, familias expulsadas del régimen civil de la propiedad y quienes saben que nunca heredarán una casa.

El bloque inquilino en Euskal Herria está disperso, desarticulado, sin agencia ni agenda propia. Y no es porque falte gente que pague la mitad de su sueldo en alquiler

El bloque rentista legisla. La reforma de Rajoy de 2013 que bajó los contratos a tres años, el régimen fiscal de las SOCIMI o la modificación de la ley de vivienda que cocinan ahora los abogados de la patronal salen de la misma mesa, y sus partidos son fáciles de identificar. El PP, Vox, PNV y Junts sin matices. El PSOE sólo rompe filas con los caseros cuando necesita conservar su legitimidad como partido progresista, y lo hace según el cálculo electoral y la aritmética parlamentaria de cada momento.

La moratoria de desahucios aguantó cinco años porque el movimiento la sostenía. La tumbaron........

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