Análisis De Magaluf a Ceuta: la instrumentalización política de la violencia sexual

La violencia sexual no adquiere el mismo significado político en todos los contextos ni todas las agresiones sirven para construir una amenaza sobre la población entre la que se producen. Basta con mirar lo que ocurre cada verano en algunos de los principales destinos turísticos del Estado.

Durante los tres primeros meses de 2025, el Ministerio del Interior registró siete delitos contra la libertad sexual en Calvià, el municipio mallorquín al que pertenece Magaluf. Entre abril y junio fueron 17 y entre julio y septiembre, 29. En Marbella, los registros pasaron de 21 durante el primer trimestre a 24 en el segundo y 41 en el tercero; en Benidorm, de diez a 18 y después a veinte; en Lloret de Mar, de siete a nueve y finalmente a 22. La curva no se limita a infracciones agrupadas bajo una categoría demasiado amplia para saber de qué estamos hablando: entre enero y septiembre hubo once agresiones sexuales con penetración en Calvià, 17 en Marbella, otras 17 en Benidorm y 21 en Lloret. Solo entre julio y septiembre se registraron tres en Calvià, nueve en Marbella, siete en Benidorm y trece en Lloret.

Los datos proceden de los balances trimestrales de criminalidad del Ministerio del Interior y requieren varias precauciones antes de extraer conclusiones. Son infracciones conocidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y no equivalen al conjunto de la violencia sexual que se produce, sometida además a una importante infradenuncia. Interior publica cifras acumuladas, por lo que los datos correspondientes a cada trimestre se obtienen restando los acumulados sucesivos, y los propios balances advierten de que se trata de datos pendientes de consolidación. Tampoco sabemos, a partir de estas estadísticas, quién cometió esos delitos, si era turista, residente, trabajador temporal o visitante nacional. Ni necesitamos saberlo.

La utilidad de estos datos no está en atribuir la violencia sexual al turismo, mucho menos en construir una supuesta peligrosidad de las personas extranjeras que pasan sus vacaciones en España. Está en observar otra cosa

La utilidad de estos datos no está en atribuir la violencia sexual al turismo, mucho menos en construir una supuesta peligrosidad de las personas extranjeras que pasan sus vacaciones en España. Está en observar otra cosa. Calvià, Marbella, Benidorm o Lloret de Mar son territorios atravesados cada año por una enorme movilidad de población, buena parte de ella internacional, y durante los meses de mayor intensidad turística registran cifras importantes de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, esos datos no suelen utilizarse para elaborar una teoría sobre quienes llegan. No convierten al turista en una categoría criminológica ni sirven para cuestionar políticamente la legitimidad de su movilidad. Las agresiones sexuales no se proyectan sobre millones de personas que comparten con un eventual agresor una nacionalidad, una procedencia geográfica o simplemente la condición de visitantes.

En Ceuta está ocurriendo algo muy distinto. Desde el inicio de la crisis migratoria del pasado 30 de julio, la Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración. Nueve de las víctimas son menores de edad. Son cifras graves que exigen una respuesta institucional capaz de proteger a las víctimas, investigar cada agresión y exigir responsabilidades a quienes las hayan cometido, pero también una respuesta feminista que incorpore estas violencias a su agenda y sea capaz de interrogar las condiciones en las que se han producido.

Reconocerlo no obliga, sin embargo, a aceptar la operación política que se ha construido alrededor de ellas: convertir la violencia sexual en información sobre la población que acababa de cruzar la frontera y utilizarla para alimentar un debate sobre inmigración, seguridad y amenaza. Las agresiones han convivido durante semanas con el recurrente “¿dónde están las........

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