Bolivia se está acostumbrando peligrosamente a convivir con la muerte. Los tiroteos, los asesinatos por encargo y los ajustes de cuentas ya no sorprenden. Casi con la misma naturalidad se reciben las noticias de nuevos derrumbes, explosiones o intoxicaciones en las minas. Cambian los escenarios y los responsables inmediatos, pero el resultado es el mismo: vidas perdidas que el Estado tenía la obligación de proteger.

Ambos fenómenos han terminado reducidos a estadísticas. Se informa cuántos murieron, pero rara vez se profundiza en las responsabilidades que hicieron posibles esas muertes. Detrás de cada cifra hay decisiones, omisiones y autoridades que no cumplieron con su deber. Mientras la atención se concentra en contar víctimas, los responsables permanecen en las sombras.

Los homicidios perpetrados con armas de fuego constituyen el desafío más visible al Estado de Derecho. Son la demostración de que organizaciones criminales,........

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