Entre octubre y noviembre la discusión va a girar, como todos los años, en torno a cuánto se gasta y a quién se le quita. La pregunta previa es más barata y todavía no la damos: cuánto sabe el Estado de lo que compra.

A más tardar el 30 de septiembre debe ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero formulado íntegramente bajo la actual administración. Las instrucciones con que se preparó son públicas: en abril, Hacienda pidió a los ministerios elaborar sus propuestas bajo un “cambio de paradigma” en la gestión de los recursos, con un horizonte de proyección a cinco años, y los antecedentes conocidos por la prensa hablan de 401 programas propuestos para discontinuar, reformular o reducir, 142 de ellos marcados para discontinuación o reformulación, y 260 programas sociales con recortes de al menos 15%.

El mismo oficio instruía priorizar “los resultados y sugerencias” del sistema de monitoreo y evaluación de la oferta pública. Sobre el papel, es exactamente lo que corresponde: recortar con evidencia.

El problema es el estado de esa evidencia, y el diagnóstico no es mío. En julio, la Dirección de Presupuestos publicó los resultados de la Evaluación de Programas Gubernamentales de la cohorte 2026:........

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