Para influir en las reglas del futuro no basta con tener buenos principios ni con escribir buenas leyes: también es necesario conservar el poder material para hacerlos relevantes.

“A fin de posibilitar la innovación en materia de IA en los sectores público y privado, es importante que la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros garanticen que la supervisión, la garantía del cumplimiento y el seguimiento de las legislaciones sectoriales y nacionales no creen solapamientos, interpretaciones incoherentes o una garantía del cumplimiento divergente”.

La frase pertenece a la parte considerativa del Reglamento (UE) 2026/1744, del 8 de julio de 2026, conocido como “Ómnibus digital sobre IA”. Leída aisladamente, podría parecer una simple declaración destinada a mejorar la coordinación administrativa dentro de la Unión Europea. Pero es mucho más que eso. Es la punta del iceberg de un problema considerablemente mayor: la pérdida de capacidad competitiva y, con ello, de poder geopolítico de Europa en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

El problema comienza a ser enfrentado por la Unión. El Reglamento admite que los retrasos en la elaboración de las normas técnicas necesarias para aplicar el Reglamento de IA de 2024 y en el establecimiento de los mecanismos nacionales de gobernanza y evaluación de conformidad han generado una “carga normativa mayor de la esperada”.

El Ómnibus busca precisamente reducir esa fricción: simplifica obligaciones, evita duplicaciones, facilita el cumplimiento para pymes y empresas emergentes y amplía los espacios controlados de pruebas y las posibilidades de experimentar con sistemas de IA en condiciones reales.

El cambio puede parecer técnico, pero su significado es político. Europa está comenzando a descubrir que la regulación también tiene un costo geopolítico.

Durante años, la Unión Europea confió en que el tamaño de su mercado le permitiría convertir capacidad regulatoria en influencia mundial: el conocido Brussels effect. La inteligencia........

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