Más allá del poder de Quiroz, el impasse del requerimiento al Tribunal Constitucional dejó al descubierto un problema mayor: la falta de liderazgo del presidente para intervenir en estos temas.

“El único cambio es reiterarle a los ministros mi número de teléfono” respondió Claudio Alvarado, intentando poner una pequeña dosis de humor -que no es uno de sus fuertes- y de minimizar un hecho que, políticamente, representó un impasse importante no solo por ser el jefe del gabinete, sino por su rol de vocero de Gobierno.

Fue tan evidente el desconcierto del ministro, que pese a lo poco expresivo que suele ser, su posición corporal lo delató. Se acababa de enterar por la prensa -literalmente- de un hecho político trascendente: La Moneda había optado por ir al Tribunal Constitucional para evitar presentar un veto supresivo, que dejaría a los parlamentarios oficialistas expuestos a pronunciarse ante la ciudadanía en un tema muy impopular: impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos, como agua, electricidad y gas, en zonas afectadas por catástrofes, una paradoja que choca con el relato de “reconstrucción” privilegiando a las empresas y perjudicando a los afectados de una catástrofe.

¿Se habrá dado cuenta la gente de las zonas siniestradas de esto? De seguro que no. Cuando los damnificados de futuros temporales, incendios en verano, terremotos y otras tragedias que suelen vivir los chilenos, se pregunten por qué deben pagar por reponer los servicios, ya saben a quién cobrarle la boleta.

La política chilena está llena de historias de ministros que hicieron ver su molestia ante impasses o decisiones que no compartían o que se habían enterado por casualidad (cómo olvidar las protestas inteligentes de Enrique Correa o Ricardo Lagos en su momento), pero eso se........

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