Tanto la creación de una nueva orgánica de fiscalización como las actividades de fiscalización realizadas, suponen una acción ilegal, toda vez que se dispusieron en una extralimitación del marco regulatorio que rige al Servicio de Migraciones.

Como es bien sabido, uno de los principales temas del pasado proceso electoral fue la situación de los inmigrantes en Chile, la inmigración irregular y la vinculación de esta última con el crimen organizado y la delincuencia en general. En todos los debates los candidatos expusieron sus propuestas en la materia y, probablemente, las que realizó el actual Presidente de la República, junto a otras, lo hicieron ganar la elección. En términos migratorios, mucho de lo planteado es discutible, sin embargo es lo que el pueblo eligió y corresponde honrar esa decisión.

Obviamente lo anterior no significa que los dirigentes del sector público no tengamos opinión respecto de la toma de decisiones e implementación de las mismas por parte de las nuevas autoridades, sobre todo cuando se afecta a funcionarios.

Digo lo anterior, pues el 23 de marzo asumió la Dirección del Servicio Nacional de Migraciones el exdiputado Frank Sauerbaum Muñoz, quien a días de haber asumido adoptó tres medidas que son bastante más que discutibles.

En primer lugar, el 26 de marzo, el director Sauerbaum dictó la Resolución Exenta N° 8.432, mediante la cual se resuelve una nueva estructura orgánica para el servicio.

En esta nueva estructura, elimina la Unidad de Género institucional sin absorción de funciones por otra orgánica, cuestión que pareciera alinearse bien con algunos discursos de campaña. Sin embargo, como describe bien la ciencia política, vale mucho distinguir entre faz agonal y faz arquitectónica de la política; la primera, caracterizada por la lucha por el poder y, la segunda, por la gestión pública una vez obtenido el Gobierno.

Esto no es menor, ya que la eliminación sin fundamento de una parte de la estructura de un servicio no es inocua.........

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