La democracia no se construye sobre el olvido administrado. Se construye sobre la verdad dicha y la reparación concreta. La impunidad no es neutral: normaliza la idea de que el poder puede actuar sin consecuencias, y esa normalización corroe las instituciones desde adentro.

En las últimas semanas, algo se ha movido en el interior de la Universidad Católica. No es solo una reunión ni un acuerdo de comisiones: es la señal de que una comunidad universitaria –estudiantes, académicos, funcionarios, familias– ha sostenido durante décadas una exigencia que las autoridades no pudieron seguir ignorando. Esa persistencia no es menor. En un país donde la fatiga del recuerdo ha sido funcional a la impunidad, que una institución de este peso vuelva a poner la memoria en el centro de su agenda habla de una cultura interna que resistió el silencio oficial. Lo que sigue, parte de ese reconocimiento: hay algo genuino en esta reapertura, y precisamente por eso merece ser leído con exigencia, no solo con alivio.

El año 1974 marcó un punto de inflexión en la historia de la Universidad Católica. La salida del cardenal Raúl Silva Henríquez de la Gran Cancillería, en medio de profundas discrepancias con las autoridades impuestas tras el golpe militar, simbolizó mucho más que una disputa institucional.

Representó el quiebre de una tradición que se había consolidado durante la Reforma Universitaria de fines de los 60, impulsada conjuntamente por el rector Fernando Castillo Velasco y el propio cardenal, y que entendía la misión universitaria como estrechamente vinculada a los desafíos sociales del país, la promoción de la dignidad humana y el compromiso con el bien común.

Con esa ruptura, la institución quedó alineada con el régimen que bombardeó La Moneda, no con la Iglesia que acompañaría a las víctimas desde la Vicaría de la Solidaridad. Ambas tradiciones nacieron del mismo árbol; la dictadura las separó y esa separación todavía no ha sido resuelta.

Mientras el........

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