En abril, un tribunal de Bogotá dejó libre al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de la UNGRD. En mayo, salió Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señalada de mover sobornos hacia congresistas. La semana pasada, la Corte Suprema dejó en libertad a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. Tampoco es un fenómeno nuevo. En 2022, ocurrió lo mismo al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, acusado de cobrar comisiones en contratos;  en julio de 2025, fue el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, procesado por la avenida Los Colibríes. Solo por mencionar algunos casos que justifican esta columna.

La libertad no es una absolución, pero el mensaje es devastador: el poderoso entra a la cárcel ante las cámaras y sale por la puerta de atrás a disfrutar. 

¿Y en las regiones? El mapa de la impunidad de la Secretaría de Transparencia lo dice: de 57.582 denuncias por corrupción........

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