Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la........

© El Informador