Si Ernesto Ruffo es o no culpable de delincuencia organizada y contrabando de combustible, el asunto permanecerá en duda, dejando por única certeza que el gobierno y la Fiscalía General de la República tienen dos varas distintas en materia de persecución del delito y procuración de justicia.

Como en otras muchas causas, el oficialismo se esmeró con singular empeño en restarle legitimidad, transparencia y pulcritud a la detención, encarcelamiento y vinculación a proceso judicial del exgobernador de Baja California y, eso sí, desvanecer los múltiples errores, fracasos y escándalos que lo asedian desde hace ya dos semanas.

El punto es cuánto tiempo le durará al gobierno esa jugada, antes de tropezar de nuevo o enredarse en otro problema.

En el lance judicial contra Ernesto Ruffo y fiel al estilo del oficialismo de quitar autenticidad a la causa, la relación de actos que empañan el asunto es nutrida.

El cambio de juez para conseguir la orden de aprehensión del indiciado, solicitada unos días antes de ir por él; la teatralidad de la detención, esposándolo como si se fuera un capo criminal de alta peligrosidad; el traslado desde Ensenada a penal de alta seguridad del Altiplano, dificultando su defensa; las audiencias realizadas a puerta cerrada, imprimiéndole un sello de opacidad al proceso; la intervención presidencial en el debate del asunto, politizando el caso…

Tales actos y actitudes lejos de convencer........

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