El anuncio de la intención del Gobierno de instaurar una paga universal de 200 euros al mes por cada hijo menor de dieciocho años constituye un escándalo económico y moral de primer orden. No porque ayudar a las familias sea algo reprobable, sino porque la medida se inserta en un patrón ya perfectamente reconocible: el del Estado que, incapaz de generar un marco de prosperidad, pretende comprar adhesión política a base de subsidios. Y, de paso, consolidar un modelo de sociedad dependiente, subsidiada y dócil.

Conviene empezar por lo esencial: 200 euros al mes por hijo no es una ayuda momentánea, ni una política social concreta, ni una herramienta de emergencia. Es un pago permanente, masivo y estructural. Es decir, una nueva capa en la inmensa red de transferencias, subvenciones, bonificaciones, permisos retribuidos, prestaciones y cheques varios que ya soportan los contribuyentes con sus impuestos, que crece sin evaluación seria, sin control real y sin plantearse siquiera el coste de oportunidad de qué se deja de hacer -infraestructuras, sanidad, educación, I D, justicia, seguridad-.

Porque esa es la clave: la economía española se está convirtiendo en una economía subsidiada. Y una economía subsidiada es, por definición, una economía débil. Una economía que no se sostiene por su productividad, su competitividad y su capacidad de generar valor........

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