Señala el Eclesiastés que existe un tiempo para cada cosa bajo el Sol. Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Hay, también, un tiempo para hacer cuentas, que es un trabajo, y un tiempo para contar cuentos, que debería ser un tiempo de ocio. La economía española afronta una nueva crisis energética sin haber hecho las cuentas, con los presupuestos generales del Estado de 2023, objeto de tres prórrogas sucesivas.

Supuestamente, había unos nuevos presupuestos elaborados para 2026 que se iban a presentar en un brevísimo plazo. La realidad es que, si se empezasen a tramitar ahora unos nuevos presupuestos, estarían desfasados antes de que entrasen en vigor, pero que no se presentarán porque el gobierno carece de apoyos para aprobarlos, y ni siquiera puede dar publicidad a aumentos de gasto imprescindibles en esta coyuntura como seguridad y defensa. Y eso no sólo por presiones de sus socios, sino porque sería contradictorio con su relato.

Eso sí, ayer el Gobierno anunció dos Reales Decretos Ley, uno con medidas fundamentalmente de reducción de impuestos, especialmente el IVA de los productos energéticos, que pasa del 21% al 10%, y otro con medidas sobre vivienda, impuesto por Sumar. La probabilidad de que el segundo Real Decreto-Ley prospere, es decir que sea convalidado por el Congreso es casi nula. Esto quiere decir que es un cuento, ya que el contenido es similar al de dos Reales Decretos-Ley previos, es decir límites de subida de rentas en los alquileres, prohibición de desahucios a vulnerables… Esto ya hizo naufragar un primer Real Decreto- Ley ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones. Posteriormente, las pensiones se separaron, aprobándose sin problemas, pero el resto de las medidas volvieron a decaer. El grado de inseguridad jurídica que genera todo esto es brutal porque, por tercera vez, va a estar en vigor unas normas con rango de ley sin apoyo parlamentario, hasta que el Congreso la derogue.

Todas estas medidas que propone Sumar tienen como efecto fundamental reducir la oferta de alquiler debido fundamentalmente al aumento de la inseguridad jurídica. Así la prohibición de desahucios a personas vulnerables, establecida en la Pandemia ha hecho que ningún casero quiera un inquilino que pueda ser vulnerable. Y ante la duda de no poder desahuciarlo si no paga en el futuro, lo que hace es no alquilar la vivienda. Como, además, no se construye lo suficiente, y la población residente no para de aumentar por la inmigración, los precios de compra o alquiler no hace más que subir. Ante esto, la fijación de precios máximos en los alquileres, donde la oferta es inelástica, puede o no servir para nada, porque son demasiado altos, o aumentar la economía sumergida o reducir el número de viviendas en alquiler, agravando todos los problemas.

Aquí se está siguiendo una política franquista como la de los pisos de "renta antigua" con precios congelados durante décadas, que no favorecieron precisamente el desarrollo urbano. Como señaló el economista, socialdemócrata, sueco Assar Lindbeck, "aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes hasta ahora conocidas para destruir ciudades".

Por el lado de las cuentas, tenemos fundamentalmente las rebajas de impuestos y otras ayudas. Estas rebajas beneficiarán más a los ciudadanos que a las empresas. La razón es que muchas empresas se pueden deducir, total o parcialmente, el IVA de la energía, especialmente el de la luz. Esto significa que la reducción del IVA no reduce los costes de muchas empresas. Si suben los costes energéticos de las empresas en buena medida se repercutirán a precios. Eso sí, algunos sectores recibirán ayudas, y se rebajan los impuestos especiales, lo que beneficia a consumidores y también a empresas, porque estos impuestos casi nadie se los puede deducir. En síntesis, un paquete costoso, y centrado en el corto plazo, porque lo que las empresas incorporen a costes lo acabarán repercutiendo a precios a medio plazo.

En cualquier caso, estas medidas, dado su coste, deberían ser temporales, y más con la incertidumbre política y económica que tenemos sin presupuestos y sin perspectivas de aprobarlos. Hay dos razones fundamentales, por una parte, el coste. Por otro lado, si la guerra continúa, España como todas las demás economías occidentales debería acostumbrarse a los elevados precios de la energía. Esto significa aceptar el empobrecimiento, que se deriva pagar más cara la energía, lo que supone trasladar renta a los países que nos venden gas y petróleo. Y este encarecimiento se debe a que habrá menos oferta, y además de un petróleo y un gas más caro (porque el de Oriente Medio es de los más baratos de extraer, y en el caso del petróleo de refinar). Ante esto a lo único que se puede aspirar es a que una espiral inflacionaria nos perjudique aún más.

Esto nos alcanza no sólo sin Presupuestos Generales del Estado, sino también sin que la Comunidad Autónoma que más gasta, y por tanto con los presupuestos más cuantiosos, Cataluña, consiga aprobar sus cuentas. El pasado miércoles, Salvador Illa, presidente de la Generalidad, tras reunirse con el líder de ERC, Oriol Junqueras acordaba retirar las cuentas catalanas de 2026 para volver a presentarlas en junio, con un contenido similar. La razón es que el viernes, la enmienda a la totalidad de ERC iba a devolver el proyecto de presupuestos al gobierno de la Generalidad. Junqueras exigía, en cumplimiento de los acuerdos PSC-ERC, la transferencia de la gestión, inspección, recaudación y liquidación del IRPF a la Agencia Tributaria de la Generalidad. El IRPF no es un impuesto cualquiera es medio sistema fiscal. Y la exigencia de ERC es un punto crítico, y el más visible de la "financiación singular" o "cupo catalán".

Si este cupo, tanto en su versión de máximos, como incluso en sus versiones más edulcoradas, no avanza no se debe a las críticas técnicas, sino simplemente al coste electoral en casi toda España, salvo en Cataluña, lógicamente. Por eso, que los presupuestos catalanes se vuelvan a presentar tras la celebración de las elecciones andaluzas, que deberían celebrarse algo antes, parece obedecer a que el precio de su aprobación no sea visible hasta que los andaluces hayan votado. Y ese precio no es menor, lo que ERC exige es el inicio de la fragmentación de la Agencia Tributaria. Eso sí, el control de la recaudación de los impuestos, "las llaves de la caja", no sólo supondrían una "garantía" del privilegio territorial financiero que persigue el nacionalismo catalán, sino también un coste económico para todos los españoles: más coste por cada euro recaudado, y más fraude por la fragmentación de la Administración Tributaria.

La perspectiva de una grave crisis energética, si la guerra se prolonga, o peor aún, si se destruye parte de las infraestructuras energética en el golfo Pérsico, debería llevar a que se pusiesen las cuentas por delante de los proyectos ideológicos. Sin embargo, lo que vemos, por el contrario, es parálisis en las cuentas e insistencia en los relatos. Persistir en esto sólo nos llevaría a agravar el coste de la crisis. Es tiempo de cuentas y no de cuentos.

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