La Junta Electoral Central estudia el requerimiento del Supremo sobre la 'ley de nietos'

Entre las ya incontables polémicas que han sacudido la tensionada rivalidad política y social en estos tiempos de polarización y trincheras ideológicas, se ha colado recientemente una relacionada con la ejecución de un artículo de una ley que, pese a ser del año 2022, ha sido su actual aplicación la que ha generado un debate jurídico con una innegable repercusión electoral y, por tanto, política. La citada ley es la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y el precepto, su Disposición Adicional Octava que dice, literalmente, lo siguiente sobre la adquisición de la nacionalidad española:

«Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año».

La polémica no ha surgido por lo que establece la citada norma legal, sobre la cual parece que existió y existe un notable consenso, sino sobre cómo se ha aplicado. El problema radica en una Instrucción dictada por el Ministerio de Justicia que........

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