El 27 de febrero de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB-81) se accidentó en El Alto mientras transportaba aproximadamente 17 millones de billetes nuevos del Banco Central de Bolivia (BCB), con un valor total estimado en Bs 423 millones. El cargamento incluía 5,4 millones de billetes de Bs 10, 7,2 millones de billetes de Bs 20 y 4,5 millones de billetes de Bs 50, todos de la Serie B, aún no monetizados oficialmente. La tragedia aérea, que de por sí ya era un hecho grave, se transformó en algo más complejo por las decisiones que tomó a continuación la institución emisora.

El BCB inhabilitó temporalmente toda la Serie B en esas tres denominaciones, ordenó a los bancos rechazar depósitos con los números de serie correspondientes al cargamento siniestrado, advirtió a la población que usar esos billetes podría constituir un delito, y publicó listas de series para que ciudadanos y comerciantes verificaran billete por billete mediante una aplicación móvil. Lo que debió ser una medida de control puntual y breve se convirtió en el detonante de un caos económico de alcance nacional.

Las consecuencias no tardaron en manifestarse. En cuestión de días, comerciantes de El Alto, La Paz, Cochabamba y otras ciudades comenzaron a rechazar indiscriminadamente todos los billetes de la Serie B, incluso los obtenidos de forma completamente lícita. Farmacias, estaciones de servicio y negocios de diversa índole colocaron avisos explícitos negándose a recibirlos.

El Banco Central amaneció con largas filas de ciudadanos desesperados por canjear su dinero legítimo ante la imposibilidad de usarlo en el comercio cotidiano. Una comerciante sintetizó el absurdo de la situación: “No me quieren recibir los billetes de la Serie B; entonces, a la fuerza tenemos que cambiarlos acá”. El Sindicato de Choferes de Bolivia, gremio que vive de sus ingresos diarios, reportó una caída directa en sus recaudaciones. Las ventas en el comercio paceño cayeron de forma visible. Y todo esto por billetes que, en su inmensa mayoría, eran perfectamente legales. Las estimaciones oficiales sitúan en apenas un 30% del cargamento —unos Bs 127 millones— la cantidad que pudo haber sido sustraída, frente a billones de bolivianos en circulación legal en todo el país.

Pero detrás del caos cotidiano se esconde el punto institucional más delicado de todo este episodio: el accidente y la reacción del BCB revelaron un problema estructural que la institución emisora prefirió ignorar en lugar de enfrentar. El dinero físico, una vez impreso y disperso, es prácticamente incontrolable.

Los billetes del cargamento siniestrado habían sido fabricados por el propio BCB, portaban números de serie válidos y eran visualmente idénticos a los que ya circulaban en la economía boliviana. No existía ninguna diferencia material entre un billete “legal” y uno “sustraído”: la única distinción era burocrática, consignada en una lista de números de serie que ningún comerciante de mercado, ningún chofer de minibús y ninguna ama de casa podía consultar en tiempo real antes de cada transacción. Al intentar bloquear esos billetes mediante controles manuales y una aplicación móvil, el BCB no estaba ejerciendo control monetario; estaba exponiendo, ante toda la ciudadanía, que su capacidad real de gestionar el efectivo tiene límites muy concretos.

A diferencia del dinero electrónico, que deja registro de cada movimiento, el efectivo cambia de manos sin dejar huella, circula con rapidez y es imposible de rastrear una vez disperso. Esta fragilidad estructural del dinero físico no es nueva ni exclusiva de Bolivia, pero el accidente del Hércules la hizo visible de una manera inédita: la economía real se impuso sobre la decisión administrativa, y el mercado rechazó —o aceptó— billetes según el rumor y el miedo, no según los instructivos del banco central.

A medida que la crisis se agudizaba, comenzaron a alzarse voces reclamando una solución. Algunos sectores sociales, parlamentarios e incluso figuras políticas de oposición como el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina pidieron al BCB que validara la totalidad de la Serie B, incluidos los billetes dispersos en el accidente. La respuesta institucional, sin embargo, resultó desconcertante: el presidente del BCB, David Espinoza, declaró ante el Senado que el ente emisor no podía legalizar lo robado, pero insinuó que “otras instancias, tal vez las parlamentarias”, podrían hacerlo.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, siguió la misma línea: rechazó la legalización desde el Ejecutivo y trasladó la decisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Semejante planteo constituye un error de concepción institucional de primera magnitud.

Los billetes bolivianos son legales no porque el Parlamento lo decida, sino porque fueron emitidos por el banco central, que es la única entidad competente para determinar qué circula como moneda de curso legal. Invocar a la Asamblea para resolver un problema técnico-monetario significa politizar la política monetaria, exactamente lo que los bancos centrales del mundo fueron diseñados para evitar. Además, un proceso legislativo puede tardar semanas o meses; las crisis de confianza en el efectivo no esperan.

La solución que el BCB debió adoptar desde el primer momento era, en realidad, la más simple: declarar inmediatamente válidos todos los billetes de la Serie B sin excepción, asumir la pérdida estimada en aproximadamente Bs 127 millones como un costo operativo o ajuste contable, y emitir un mensaje claro y definitivo a la ciudadanía. No existe ninguna razón técnica o jurídica que impidiera esta decisión. Los billetes del cargamento siniestrado estaban impresos por el propio BCB, tenían números de serie válidos y eran físicamente idénticos a los que ya circulaban con plena legalidad.

Una vez dispersos en la economía, su recuperación total era materialmente imposible. El monto en juego —por grave que sea en términos humanos— representa una fracción minúscula frente al total de efectivo en circulación en Bolivia, que se mide en decenas de miles de millones de bolivianos. Cualquier banco central del mundo habría contabilizado esa pérdida como haría con cualquier otro gasto extraordinario, sin paralizar el sistema de pagos del país. Doria Medina lo expresó con precisión: “cualquier banco puede castigar pérdidas”.

El BCB no necesitaba a nadie más para tomar esa decisión; solo necesitaba carácter institucional. La lección que deja este episodio trasciende los Bs 127 millones perdidos: revela que la mayor fragilidad del dinero físico no es logística sino psicológica. La confianza en el efectivo es el bien más delicado que custodia un banco central, y una vez erosionada, los billetes pierden su función antes que su validez legal.

(*) El autor es Ph.D en Economía

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