El «lawfare» como excusa

Hay noticias que un país escucha primero con incredulidad y sólo después con cansancio. La imputación de un expresidente del Gobierno pertenece a esa categoría. No por el procedimiento judicial en sí mismo –investigar es precisamente lo que debe hacer la Justicia cuando aprecia indicios– sino por la sensación de desgaste institucional que deja detrás.

España entra así en un territorio desconocido: por primera vez, quien ocupó la presidencia del Gobierno deberá responder ante un juez por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y decisiones tomadas en las inmediaciones del poder.

La gravedad del momento exigiría prudencia. Una cierta pausa antes de que comenzara el estrépito consabido. Pero la política contemporánea ya casi nunca concede tiempo a la digestión de los hechos. Apenas conocido el auto judicial, comenzó a desplegarse el protocolo habitual: acusaciones de «lawfare», insinuaciones de persecución política y sospechas preventivas sobre el magistrado instructor. El foco cambiaba de sitio con admirable rapidez.

Hace no demasiados años, el término........

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