"Hemos vencido a la pandemia", mintió Sánchez el 10 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados. Desde ese día el virus mató a decenas de miles de personas, se sucedieron los confinamientos y se impuso un segundo estado de alarma de seis meses de duración. Sólo dos años después, el 5 de junio de 2023, el BOE declaró el fin de la crisis sanitaria y quitó la obligación de usar mascarillas. Aquel canto de victoria con la pesadilla apenas iniciada no fue error ni precipitación, fue insensatez criminal.

La invasión civil de Ceuta el 31 de julio equivaldría numéricamente a una hipotética irrupción en Madrid de tres millones de personas, tantas como habitantes tiene la capital. Como la mayoría se retiró pronto, el Gobierno dio el asunto por liquidado, mostró gratitud servil a la potencia que había inspirado la invasión y el presidente se fue de vacaciones a Lanzarote con orden de que no lo molestaran.

Pero lo de aquellas dos jornadas fue el principio distópico de una tragedia que continúa. Permanecen en Ceuta al menos 10.000 inmigrantes ilegales, el 12% de la población de la ciudad. Siguiendo con el ejemplo madrileño, imaginen circulando por la capital a 400.000 seres humanos anónimos, carentes de los recursos para sobrevivir (vivienda, agua, comida, ropa), perseguidos por la policía y acosados por la población, con un contingente importante de menores de edad de origen y familia desconocidas (aunque lograran retornarlos a Marruecos, no se sabe quién los recibiría ni qué sería de ellos). Añadan la sospecha de que entre ellos haya maleantes o terroristas. Es increíble que aún no se haya desatado la violencia en esa ciudad. En este instante, Ceuta es una bomba sin seguro y la calma que aparenta el Gobierno, un embuste o una irresponsabilidad gigantesca.

Políticamente, la proclamada soberanía española de Ceuta y Melilla es un tongo que depende únicamente de la voluntad del rey de Marruecos. Una orden del autócrata y ambas ciudades estarán en........

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