El comercio internacional atraviesa un momento decisivo. Por décadas, el sistema multilateral ofreció algo esencial: reglas comunes. Bajo el GATT y luego con la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluso las grandes potencias aceptaron límites. Entre los compromisos claves que se respetaban están la no discriminación entre naciones socias, con el Trato de Nación Más Favorecida y el Trato Nacional una vez ingresado el producto, servicio o inversión. No desaparecieron los conflictos, pero se resolvían dentro de un marco institucional. Ese equilibrio hoy está bajo presión. Estos principios básicos del comercio internacional están siendo cuestionados por razones geopolíticas y el revivir del nacionalismo productivo.

En Estados Unidos, un reciente fallo de la Corte Suprema limitó el uso expansivo del International Emergency Economic Powers Act para imponer medidas comerciales bajo argumentos de emergencia nacional. La decisión obligó al Ejecutivo a recurrir a otras herramientas legales. Entre ellas, mecanismos que permiten aplicar barreras temporales mientras se realizan investigaciones formales. Y, nuevamente, disposiciones como la Section 232 y la Section 301. La Section 232 permite imponer restricciones cuando las importaciones amenazan la seguridad nacional. El concepto ha ido ampliándose. La pregunta es evidente: ¿dónde termina la excepción y dónde comienza el proteccionismo estratégico? La Section 301 introduce otra tensión. Permite responder frente a prácticas consideradas desleales. Fue la base jurídica de los aranceles impuestos a China antes. El problema no es desconocer que existan distorsiones. El problema es el método. El sistema multilateral establece que las represalias deben ser autorizadas tras un proceso de solución de controversias. Saltarse ese procedimiento debilita el principio central del comercio global: las reglas se aplican a todos. Cuando proliferan excepciones amplias, medidas temporales y acciones unilaterales, la previsibilidad se erosiona. Y la incertidumbre aumenta.

Para economías abiertas y de tamaño intermedio como el Perú, este no es un debate lejano. Nuestro crecimiento ha descansado en la integración comercial, estabilidad macroeconómica y respeto a compromisos internacionales. No tenemos el peso para imponer condiciones bilaterales. Nuestra fortaleza es la credibilidad. Sin reglas claras, la asimetría se profundiza. En este contexto, la Decimocuarta Conferencia Ministerial de la OMC (CM14), que se realizará en Yaundé (Camerún), no es una reunión más; es una oportunidad. La reforma del sistema multilateral está sobre la mesa. El mecanismo de solución de controversias necesita fortalecerse. La agenda digital exige consensos. Las disciplinas sobre subsidios y distorsiones deben actualizarse. Pero reformar no significa desconfigurar. El Perú puede asumir un liderazgo constructivo. No desde la confrontación, sino desde el interés estratégico. Como economía intermedia y con una amplia red de acuerdos comerciales, tenemos autoridad para sostener una posición clara: la reforma debe fortalecer el sistema basado en reglas comunes.

Las excepciones son necesarias. Toda arquitectura jurídica las contempla. Pero deben tener límites objetivos. No pueden convertirse en cláusulas expansivas permanentes ni en atajos recurrentes que alteren el equilibrio del comercio internacional. Un mensaje peruano en la CM14 podría estructurarse en tres ejes. Primero, la urgente reactivación de un mecanismo de solución de controversias plenamente operativo y accesible para todos. Segundo, la actualización de reglas frente a nuevas realidades productivas sin legitimar el unilateralismo. Tercero, la defensa de un multilateralismo inclusivo que permita a economías pequeñas y medianas participar plenamente en las cadenas globales de valor.

El comercio mundial ya no se mueve solo por eficiencia; también por estrategia. Por eso, las economías intermedias tienen un rol estabilizador que cumplir. El Perú ha construido una reputación de apertura responsable, lo que es un activo. Defender reglas comunes no es romanticismo jurídico. Es pragmatismo económico. Nuestro crecimiento, diversificación exportadora y capacidad de atraer inversión dependen de un entorno previsible. En un mundo donde el poder gana terreno, sostener las reglas es una decisión estratégica. Para una economía como la nuestra, también es una necesidad de desarrollo.

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