Por Franky Vega Murcia

Hay una pregunta que Colombia lleva demasiado tiempo aplazando: ¿qué puede hacer un ciudadano honrado cuando frente a él aparece un delincuente armado dispuesto a hacerle daño?. Durante años la respuesta institucional pareció reducirse a una sola palabra: espere. Espere a que llegue la Policía. Espere a que aparezca una patrulla. Espere a que el delincuente se vaya. Espere a que la justicia actúe, mientras tanto, el criminal no espera, el criminal estudia a su víctima, escoge el lugar, consigue un arma y actúa.

Y así hemos llegado a una situación que resulta difícil de explicar: quien vive dentro de la ley ha tenido enormes restricciones para acceder a mecanismos legales de defensa, mientras quienes decidieron vivir fuera de ella circulan armados por ciudades, carreteras y zonas rurales. El comerciante lo sabe, el campesino lo sabe, el transportador lo sabe, el empresario lo sabe, el pequeño productor lo sabe.

Lo sabe cualquiera que haya sentido el miedo de trabajar en un país donde un atraco, una extorsión o un secuestro pueden aparecer en cualquier momento y, muchas veces, a plena luz del día, por eso respaldo la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de levantar, mediante el Decreto 1368 de 2026, la suspensión general de los permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, manteniendo los requisitos y controles establecidos por las autoridades.

No es una decisión menor y, tampoco es una decisión que deba ser interpretada como una invitación a convertir a Colombia en un país armado sin reglas, es exactamente lo contrario; Es reconocer que el ciudadano responsable también merece tener instrumentos legales para su protección, siempre que cumpla condiciones estrictas para acceder a ellos.

Lo dijimos cuando pedimos el voto, no puedo pasar por alto una circunstancia que para mí tiene especial significado, esta discusión no comenzó hoy, durante la campaña a la Cámara de Representantes por el Huila, cuando recorrimos el departamento y presentamos nuestra candidatura con el L-102, advertimos que Colombia necesitaba revisar su política frente al porte de armas y encontrar un punto de equilibrio entre la seguridad colectiva y la legítima protección individual.

Lo dijimos entonces y lo sostengo hoy: no se trataba de entregar armas indiscriminadamente; se trataba de permitir que ciudadanos responsables, previamente evaluados y capacitados, pudieran acceder a ellas legalmente cuando existieran razones legítimas de protección.

Por eso........

© Diario del Huila