En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un  jurado indagatorio federal de Florida. Este suceso, extrañamente olvidado, fue documentado en la prensa de la época, y años más tarde, en el año 2000, fue tratado en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia, la investigación fue archivada por la administración de Bill Clinton. Durante más de tres décadas el tema ha sido reducido a meras menciones de notas al pie. Una reducción  que quizás sea la clave para entender por qué seguimos fallando al analizar el papel de Cuba en las redes de ilícitas que atraviesan el Caribe y Latinoamérica.

El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que fiscales federales del Distrito Sur de Florida habían redactado un borrador de acusación penal (draft indictment) que imputaba al gobierno cubano como una empresa criminal de racketeering (delincuencia organizada estructural, conforme a la ley RICO de EE. UU.) y al ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como jefe de una conspiración destinada a enviar toneladas de cocaína de carteles colombianos a través de Cuba hacia Estados Unidos.El documento, producto de meses de testimonio secreto ante un gran jurado, identificaba a quince altos funcionarios del Estado cubano como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos durante los años ochenta. Entre los nombres figuraba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como «el jefe de la conspiración», José Abrantes, Aberlado Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro (Barba Roja), Nelson Blanco, Rosa........

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