El ascenso de la ultraderecha, con su violencia racista y patriarcal, ha elevado el estado de alerta social. Zareli Gamarra (Lima, 1986) no esconde su preocupación ante los ataques dirigidos contra una población baqueteada como la migrante. Antropóloga e integrante del movimiento Regularización Ya! desde su nacimiento en 2020, Gamarra conoce bien de lo que habla. Como mujer y feminista racializada hace una devastadora crítica de un régimen migratorio que, en su opinión, sólo contribuye a generar colectivos legalmente vulnerables, funcionales para un mercado laboral precario y favorece un control social diferenciado por raza. Aunque ha participado activamente en la recogida de las 700.000 firmas que sirvieron para promover la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un salvoconducto en medio de la deriva mundial para miles de personas en situación irregular, su compromiso no finaliza en las simples demandas administrativas. Reclama el derecho de todo migrante a la ciudadanía, como un blanco o un rico llegado de latitudes lejanas. La “irregularidad”, dice Gamarra por teléfono, no es ninguna anomalía sino una categoría que alimenta el Estado “para sostener a amplios sectores económicos que dependen de la mano de obra migrante precarizada y explotada”. Ella pone ahora voz crítica a la percepción del proceso que tienen miles de mujeres migrantes, las grandes precursoras de este proceso de empoderamiento, aunque rechaza ser la portavoz de nada. “Ellas se organizan para apoyarse y aliviar la tensión que les produce el racismo social de la política”, concluye.

¿Cómo valoran el pacto del Gobierno con Podemos para aprobar la regularización extraordinaria de migrantes? 

La regularización no se ha producido cuando la población lo demandó sino cuando los políticos lo han decidido

La regularización no se ha producido cuando la población lo demandó sino cuando los políticos lo han decidido

Creo que el funcionamiento de la política merece una reflexión crítica. La regularización no se ha producido cuando la población lo demandó sino cuando los políticos lo han decidido. Llevábamos cinco años solicitando la apertura de este proceso porque el impacto en las personas migrantes en situación de irregularidad es fortísimo. Pudieron haber hecho más para evitar una espera tan larga que, en términos políticos, a nosotras nos parece ilegal.

¿Creen, por lo tanto, que ha habido un cierto oportunismo político?

No sé si es conveniente decirlo aquí, pero sabemos que el acuerdo alcanzado no responde a las demandas o a la presión que hemos hecho. Como le digo, nuestra crítica se dirige más a la forma de administrar la política. Sabemos que ha sido la moneda de cambio para apoyar los presupuestos de 2026 y a nosotras, por lo que representamos y por lo que nos compromete, nos parece que se ha manejado de manera inadecuada. Es cierto que este proceso nos da un respiro después de cinco años de lucha pero jugar con un tema que afecta a la vida de tantas personas no es la manera correcta de hacer política. Sin embargo, más allá del procedimiento y de los medios empleados, ahora pensamos en los fines y en los beneficios que supone la ILP para más de 500.000 personas. Así que estamos contentas y lo agradecemos, pero seguimos poniendo en cuestión que el proceso se haya acordado en 2026 cuando ha habido situaciones mucho más críticas para mejorar las condiciones de vida de niñas, mujeres y de gente del campo que sufren a diario la violencia de toda esta estructura administrativa.

¿Considera que el funcionamiento del Estado favorece la explotación del migrante?

“La irregularidad como categoría legal no es casual. Se produce para sostener a amplios sectores económicos”

“La irregularidad como categoría legal no es casual. Se produce para sostener a amplios sectores económicos”

Me refiero a que la irregularidad como categoría legal no es casual. Se produce para sostener a........

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