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La ceguera de Europa

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30.04.2026

La regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España no ha sido criticada oficialmente por la Comisión Europea. La reacción ha sido muy escueta y medida. Una cautela que en el lenguaje institucional no expresa un apoyo implícito. La inmigración es un tema de gran sensibilidad electoral en Europa. Un compuesto químico altamente inestable en el debate político. Mezclado y aderezado con llamadas emocionales al “ser y estar” europeo, supone un descarnado abordaje político para hacerse con el voto del desencanto electoral, fenómeno que atraviesa horizontalmente todas las ideologías. En el debate del Parlamento Europeo dedicado a la regularización española, las soflamas más reaccionarias las protagonizó la extrema derecha europea y contamina ya el discurso de los principales partidos conservadores. Se quejan de las consecuencias que tendrá sobre Schengen, del efecto llamada y presentan la inmigración como un apocalíptico choque de civilizaciones, una invasión que acabará con nuestra forma de vida europea.

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aclaró que “un permiso de residencia no es un pase libre para desplazarse por la Unión”. El comisario trataba de incluir un poco de didáctica al solivianto de la derecha europea. Si una persona regularizada por un Estado miembro aparece en situación irregular en otro país de la UE o solicita allí asilo, debe regresar al Estado que expidió el permiso, advirtió Brunner. Lo dijo casi entre dientes, con ese lenguaje contenido que delata que estamos ante un tema resbaladizo, esa patata calentita que hay que manejar sin manifestar dolor. No me hagan hablar, por favor, parecía decir.

Oficiosamente, la aparente tolerancia institucional se torna en una incomodidad política, recibida sin entusiasmo por los efectos secundarios que pueda generar a nivel político. La decisión española, se recuerda, no está plenamente en sintonía con el catenaccio al que tiende la nueva política consensuada en el Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará plenamente en vigor el próximo 12 de junio.

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