Que Bolivia haya avanzado un puesto en el Índice Mundial de Estado de Derecho no constituye motivo suficiente para celebrar. El país pasó del lugar 131 al 130 entre 143 naciones evaluadas, pero continúa en la parte baja de la clasificación y ocupa el puesto 29 de 32 en América Latina y el Caribe. Más que una mejora significativa, el resultado confirma la persistencia de problemas estructurales que las autoridades no han logrado resolver.

Los datos del World Justice Project (WJP) exponen una realidad preocupante: la debilidad de la justicia, las dificultades para controlar el poder y las deficiencias de transparencia siguen condicionando el funcionamiento de las instituciones bolivianas. Desde 2015, el país acumula retrocesos, estancamientos y avances insuficientes para abandonar los últimos lugares del indicador. La pregunta es por qué las reformas necesarias no se traducen en resultados sostenidos.

Los indicadores específicos son todavía más reveladores. En justicia penal, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países evaluados; en justicia civil, el 140 de 143. En........

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