El autor de esta columna cuestiona la forma en que el Gobierno ha justificado los cambios en Becas Chile y Fondecyt Postdoctoral, planteando que decisiones de política científica se estarían adoptando antes de transparentar la evidencia que las sustenta y en medio de una narrativa que instala la sospecha sobre el uso de recursos públicos. Sostiene que «tal vez la pregunta más incómoda no sea si Fondecyt debe cambiar, sino qué ocurre cuando un Ministerio del Conocimiento trata la tradición de gobernanza que lo precede como un obstáculo administrativo y no como parte constitutiva de la legitimidad de sus decisiones».

Imagen de portada: la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El anuncio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) sobre la modificación de las bases de Fondecyt de Postdoctorado 2027 abrió un flanco complejo para la legitimidad de la cartera. Sociedades científicas, el Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH), exautoridades, y otros actores del ecosistema del conocimiento no fueron consultados antes de definir 10 áreas prioritarias, reservar hasta un 70% de las adjudicaciones para ellas, y restringir la postulación a personas chilenas o residentes en Chile.

La noticia aterrizó en medio de una discusión ya tensionada en torno a otro instrumento: Becas Chile. En junio, el ministro de Hacienda afirmó ante el Senado que el incumplimiento de retorno a Chile de becarios era parte del “fraude social”, situándolo en la misma categoría que los deudores del Crédito con Aval del Estado. Expresó que el Estado debía recuperar entre 100 y 150 mil millones de pesos asociados a incumplimientos vinculados a la formación de postgrado y postdoctoral en el extranjero.

Luego, el 3 de agosto, el MinCiencia anunció al Parlamento el congelamiento de Becas Chile —con excepción del concurso doctoral— e informó su reformulación. La directora de la cartera científica sostuvo que existían 1.666 personas en condición de incumplimiento. Ante esto, la exsubsecretaria de Ciencia cuestionó la metodología para pasar de 293 personas informadas por la Contraloría en 2024 a la nueva cifra, solicitando transparentar quiénes fueron incluidos y bajo qué criterios. 

En los días siguientes, la ministra recorrió medios de comunicación. No abordó el cuestionamiento........

© CIPER Chile