Las imágenes del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de su esposa, la diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York no representan un acto de justicia, sino la escenificación de una asimetría de poder que desafía la arquitectura del derecho internacional moderno. Lo que se presenta como un procedimiento penal es, en realidad, la teatralización de un acto de fuerza ilícito, metamorfoseado artificialmente en causa judicial. Bajo la apariencia de legalidad procesal, se pretende normalizar una operación de secuestro internacional, ejecutada en flagrante violación del derecho de gentes y destinada a desmontar dos pilares esenciales del orden jurídico global construido después de 1945: la soberanía estatal y la inmunidad de jurisdicción.

Desde una perspectiva rigurosamente técnico-jurídica, lo precedente no puede describirse como una “captura” —término propio del ámbito policial interno— sino como secuestro internacional ejecutado mediante intervención armada, carente de base normativa válida, violatorio de la Carta de las Naciones Unidas y desconocedor de los márgenes procedimentales del derecho internacional. La actuación que antecede al proceso judicial constituye una violación frontal del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, norma de ius cogens que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Cuando un proceso judicial nace de una agresión armada ilícita, su andamiaje jurídico queda radicalmente contaminado de origen.

Pero la aberración no termina en el hecho bélico: se institucionaliza y legitima........

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