Seis explicaciones en menos de dos meses. Seis intentos de dar con el origen de la gasolina basura que ha dejado cientos de motores dañados en todo el país. Seis versiones que, lejos de cerrar la crisis, la han convertido, como advierten políticos, legisladores, líderes gremiales y especialistas, en una narrativa cambiante que erosionó la credibilidad del propio Gobierno.

Mientras los talleres acumulan vehículos inmovilizados y los reportes de fallas persisten, el presidente Rodrigo Paz fue desplazando la explicación del problema como quien cambia de sombrero en un circo. Cada versión reemplaza a la anterior sin terminar de explicarla del todo. Ninguna ha logrado consolidar consenso técnico ni político.

Todo comenzó con una decisión estructural. El 17 de diciembre de 2025, Paz firmó el Decreto Supremo 5503 bajo el argumento de un “sinceramiento” económico: eliminar la subvención, garantizar el suministro y terminar con las colas en los surtidores.

Esa fue la primera versión. El problema no era la calidad, era el contrabando. La promesa proteger el bolsillo del ciudadano a mediano plazo y “salvar la Patria”. Un mes después, cuando los surtidores agrupados en ASOSUR denunciaron en Santa Cruz problemas de calidad, el Gobierno, imperturbable, replicó que todo estaba certificado y limpio.

El castillo de naipes del Gobierno empezó a tambalearse el 2 de febrero. La segunda versión llegó a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien confesó en directo que “ha habido gasolina de mala calidad” por problemas técnicos y prometió que los ejecutivos de YPFB darían explicaciones.

El 3 de febrero, el propio Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reconoció la existencia de gasolina en mal estado, aunque atribuyó el problema al expresidente Luis Arce Catacora. Aseguró que los tanques de la petrolera estatal estaban llenos de sedimentos heredados que, al mezclarse con biocombustibles, habían desestabilizado la gasolina.

Pese a las explicaciones, los motores seguían dañándose. Y llegó la cuarta versión con un giro evidente. Paz abandonó la explicación técnica e ingresó al terreno político: denunció “boicot” y “sabotaje”.

Una “mano negra” acechaba en YPFB, tejida por fieles del desaparecido MAS. La respuesta fue inmediata: 360 empleados despedidos, luego 410 en total, pero sin nombres de los exfuncionarios ni procesos conocidos.

Para sumar impacto, el mandatario anunció, el 2 de marzo, la quinta versión: la militarización de instalaciones de YPFB. Unos 1.500 soldados custodiaban Senkata, Palmasola y Gualberto Villarroel.

“Soberanía energética. Defenderemos la Patria”, proclamó Paz, mientras los uniformados montaban guardia en las refinerías. Una imagen potente, pero con escasos resultados visibles en la calidad del combustible.

La trama se complicó cuando informes internos de laboratorio, difundidos por medios digitales, revelaron que la gasolina importada llegaba con 16,4 mg de goma por cada 100 ml, tres veces por encima del límite permitido.

Mafias transnacionales

Ante la crisis, y con un giro casi cinematográfico, se difundió la sexta versión: mafias transnacionales en garajes de Arica e Iquique “boicotean a la Patria”. Cisterneros roban entre 700 y 1.000 litros por viaje, rellenando con agua sucia y aceite usado.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con el respaldo del presidente y de los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, lanzó una cifra contundente: 150 millones de litros adulterados en 5.000 cisternas, equivalentes a 150 millones de dólares de daño.

El ministro Medinaceli anunció la suspensión de contratos con los traders Vitol y Trafigura para la compra de gasolina, a la espera de los resultados de la investigación. Dos días después, ambas empresas señalaron que sus contratos seguían vigentes.

Y, como salvavidas político, el Gobierno apuntó a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente, insinuado, sin nombrarlo inicialmente, como cerebro de la operación que Paz calificó como una “traición a la Patria”.

Nada nuevo, nada esclarecido

Veinticuatro horas después, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, intentó sellar el guion: “Creemos que es una organización ligada en gran medida a Marcelo Arce Mosqueira. La documentación capturada de su laptop y celulares confirma varios temas. El eje geográfico de esa organización era Paraguay”, reporta Visión 360.

La afirmación de Paredes es una acusación disfrazada de opinión para maximizar impacto político y reducir el riesgo legal. Usó el término “creemos” como escudo y apeló a una supuesta evidencia tecnológica, laptops y celulares que “confirman varios temas”, sin presentar una sola prueba concreta.

Al mover el eje criminal a Paraguay, el Gobierno contradice su propia narrativa previa sobre Chile, evidenciando una improvisación que prioriza el impacto político sobre la coherencia investigativa.

El Gobierno presenta como novedad hechos que ya habían sido expuestos el 30 de enero de 2022 por la periodista Amalia Pando, quien reveló las ilegalidades de Marcelo Arce Mosqueira en YPFB, donde, sin cargo oficial; definía licitaciones y adjudicaciones que eran de conocimiento público y no fueron esclarecidas.

Un año y ocho meses después de la denuncia de Pando, el 12 de octubre de 2023, los evistas Wilfredo Chávez y Orlando Ceballos presentaron una demanda penal contra Marcelo Arce Mosqueira por tráfico de influencias y negociación de recursos estratégicos como litio y gas, acompañando su denuncia con audios. Todo quedó en el olvido.

No es miscible, es risible

“No se trata de decir que la gasolina es miscible con el agua, sino de evitar que el planteamiento se vuelva risible. Es decir, resulta difícil sostener que se hayan adulterado 150 millones de litros de gasolina con agua, cuando es básico que ambos no se mezclan”, cuestionó el experto en hidrocarburos Fernando “Látigo” Rodríguez en entrevista con Erbol.

En ese sentido, advirtió que las denuncias deben ser creíbles y estar respaldadas por conocimiento técnico, ya que la difusión de información incorrecta, por parte de autoridades, termina debilitando la versión oficial.

Y así fue. Nadie, pero nadie, se tragó la última versión gubernamental. Miguel Bonilla, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, lo dijo sin rodeos: agua, aceite y gasolina no se mezclan por pura física.

Jaime Balanza, experto en gestión de políticas hidrocarburíferas, añadió que 150 millones de litros equivalen a tres buques completos y que mezclar agua con combustible es como pretender que “el aceite y el vinagre bailen un vals”.

En los talleres mecánicos no encuentran restos de agua ni aceite en los motores dañados. El problema apunta a gasolina importada de baja calidad, con bajo octanaje y sedimentos.

Los transportistas, señalados como responsables, reaccionaron. “No metan a 7.000 cisterneros en una misma bolsa”, advirtió la Federación de Empresarios Cisterneros de Santa Cruz, calificando la acusación del presidente Paz de “temeraria”.

Un conductor desde Arica difundió un video en el que desmiente la versión oficial. El garaje mostrado por el ministro Oviedo está abandonado y las cisternas salen precintadas por todos lados. “¿En qué momento metemos agua si nos controlan en cada terminal?”, cuestionó.

El presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, no confirmó irregularidades en su territorio, se limitó a ofrecer cooperación en la investigación ante un llamado de Paz.

La oposición no dio tregua. Rafael López (Libre) habló de “una serie de Netflix”. Claudia Herbas (Alianza Popular), de “cuentos tenebrosos” sin un solo procesado.

Los cívicos cruceños, con Agustín Zambrana, afirmaron que los técnicos “le hicieron meter la pata a Paz”. El diario El Día, en su editorial, advirtió: si 150 millones de litros pasaron sin control, el Estado es un coladero; si no, alguien miente.

Pedro Quispe, del transporte pesado, planteó otra duda clave: si Bolivia usa combustible similar al de países vecinos, ¿por qué los daños se concentran aquí? Apuntó al etanol como posible factor.

Marcelo Cruz sostuvo que el Gobierno intenta “lavarse las manos de toda la ineptitud”.

El fondo del problema

Dos meses después, la crisis ya no es sobre gasolina. Es sobre credibilidad. Seis versiones. Ninguna cerrada. Ninguna probada. Ninguna abandonada. Y una pregunta inevitable: Si el Estado controla la compra, el ingreso, el almacenamiento y la distribución del combustible… ¿en qué punto exacto falló?

Porque cuando las explicaciones cambian más rápido que los hechos, la duda deja de estar en las cisternas, en Chile o en Paraguay… empieza a instalarse, silenciosa y persistente, en el lugar más incómodo de todos: ¡el propio Gobierno!.

Juan Carlos Marañón Albarracín

Otros artículos de Juan Carlos Marañón Albarracín | Contactos con el autor

© bolpress