Lo que se presenta como un gesto de buena fe es una mera operación financiera abusiva, imponiéndosele a la víctima una decisión “imposible”.

Hay una práctica que está empezando a ser rutina en varios bancos y que no aparece en ninguna ley, en ningún manual ni en ninguna circular: cuando una víctima de fraude bancario reclama, el banco le ofrece la mitad del dinero defraudado a cambio de que renuncie a continuar bajo el amparo de la Ley 20.009. La oferta no existe en el ordenamiento. Pero ocurre todas las semanas.

La repetición de esta propuesta —idéntica en proporciones, en lenguaje y en presión temporal— no es casualidad: es un procedimiento uniformado por varios bancos. La víctima del fraude bancario, agotada por la fricción del reclamo y por la sensación humillante de tener que demostrar que no autorizó una transferencia impugnada, recibe la propuesta como un alivio.

Lo que rara vez se le explica es que la Ley 20.009 (modificada por las leyes 21.234 y la reciente 21.673) fue diseñada precisamente para que esa negociación no tenga lugar. El régimen legal impone al emisor financiero una obligación específica: restituir los fondos extraídos por terceros sin autorización del titular, en los plazos legales, salvo que acredite ante un juez —no en una mesa de negociación interna— dolo o culpa grave del titular. No es........

© BioBioChile