La Ley N° 21.659 tiene el mérito de haber consagrado la gestión estratégica del riesgo como eje del nuevo sistema. Pero ese mérito se diluye cuando la norma no alcanza a los recintos de mayor riesgo.

Un grafitero perforó el cerco perimetral del Aeropuerto de Santiago, accedió a la losa durante la madrugada y rayó una turbina de avión. Lo subió a Instagram. La DGAC emitió un comunicado, la PDI abrió diligencias y la institución anunció una investigación interna. Nada de esto debería sorprender a quienes siguen de cerca la implementación de la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada. No porque sea esperable que ocurra, sino porque el marco regulatorio que debería ordenar la seguridad en recintos como ese sigue con vacíos normativos que la autoridad no ha llenado.

El episodio no es el primero ni el más grave. Chile ha visto en años recientes el “Robo del Siglo” en dependencias aeroportuarias —un caso que desnudó la falta de coordinación entre los distintos actores de seguridad del recinto— y la muerte de un vigilante en funciones que evidenció las precarias condiciones en que opera buena parte del personal de seguridad privada.

Cada vez, el diagnóstico fue el mismo: protocolos insuficientes, ausencia de estándares mínimos........

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