El sistema de concesiones viales en Chile nació durante la década de 1990 bajo una promesa sencilla, comprensible y ampliamente aceptada por la ciudadanía. La lógica fue transparente ya que el Estado carecía de los recursos suficientes para construir, en un plazo razonable, la infraestructura vial que el país necesitaba. En consecuencia, convocó a privados para que financiaran la construcción y modernización de carreteras de alto estándar, recuperaran esa inversión mediante el cobro temporal de peajes y, una vez cumplido ese objetivo, las rutas retornaran plenamente al patrimonio público o, al menos, sus costos disminuyeran de manera significativa. Era un mecanismo excepcional destinado a acelerar el desarrollo, nunca una fuente permanente de ingresos.

Durante años ese principio fue entendido como el fundamento moral y económico del modelo. Los ciudadanos aceptaban pagar porque existía el propósito claro de financiar obras que, de otra forma, habrían tardado décadas en materializarse. Con el paso del tiempo esa lógica comenzó a diluirse. Lo que nació como un instrumento para financiar infraestructura terminó evolucionando hacia un mecanismo cuya finalidad parece extenderse mucho más allá del mantenimiento de las carreteras.

El panorama regulatorio de las denominadas segundas concesiones refleja precisamente esa transformación. Diversas investigaciones periodísticas han revelado que el Estado de Chile, cursando administraciones tanto de izquierda como de la derecha, han incorporado de manera sistemática cláusulas de compartición de ingresos en los nuevos contratos de concesión, permitiendo que una parte relevante del dinero pagado por los usuarios en peajes no permanezca dentro del sistema vial, sino que sea transferida directamente a las arcas fiscales.

Según estimaciones publicadas por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el Estado proyecta recaudar cerca de 2,7 billones de pesos mediante solo cinco autopistas interurbanas concesionadas, llegando incluso a contemplarse escenarios donde determinadas plazas de peaje, como algunas de la Ruta 60, podrían transferir la totalidad de sus ingresos al Fisco.

Lo realmente llamativo es que el problema deja de ser el costo de........

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