Cuando se es funcionario público —y con mayor razón cuando se ejerce la máxima autoridad comunal— no se puede escoger qué antecedentes se ponen en conocimiento de la justicia y cuáles se mantienen dentro de la oficina municipal.

En este caso estamos frente a posibles delitos contemplados en la Ley 20.000, respecto de los cuales la omisión de denuncia recibe un tratamiento penal considerablemente más grave que el establecido para otros hechos. La sanción parte en 541 días y puede alcanzar los cinco años de presidio, además de una multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Si se acreditaran varias omisiones autónomas, corresponderá al Ministerio Público y al tribunal examinar su eventual reiteración y el aumento de pena que legalmente proceda.

Una publicación de prensa puso al descubierto que, durante una inspección municipal destinada a detectar pozos irregulares, un trabajador contratado a honorarios observó mediante un dron un aparente cultivo de cannabis. El trabajador fotografió el lugar y remitió las imágenes directamente a la alcaldesa de La Cruz, quien le respondió: “Sí, no hagas nada con eso (…)”.

Aunque se discutiera si una persona contratada a honorarios........

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