El dilema, entonces, no es entre fronteras abiertas y mano dura. Esa es una caricatura útil para campañas. El dilema real es entre una política migratoria con Estado y sensibilidad social y una política migratoria con castigo y persecución.

Seamos claros: toda nación, bajo cualquier régimen, política o normativa, mantiene el derecho y el deber de controlar sus fronteras. La entrada de extranjeros, sea cual fuere su motivo, no puede quedar entregada a la pura espontaneidad de los flujos humanos. La visión de fronteras abiertas puede ser un hermoso ideal, pero sigue situada en el horizonte de la utopía. Por ahora.

De modo que no corresponde cuestionar, en abstracto, el fondo ni la motivación de los planes del gobierno de Kast, como tampoco los de gobiernos anteriores, para limitar y resolver la inmigración ilegal, que en Chile alcanza una cifra estimada de 330 mil personas. El Estado debe saber quién entra, por dónde entra y bajo qué condiciones permanece en el país.

El problema empieza cuando, en nombre de ese orden necesario, se propone convertir derechos básicos en instrumentos de castigo. Una cosa es controlar la frontera, otra muy distinta es usar la salud, la educación o el acceso de los niños a jardines infantiles como llave de presión contra personas que ya están dentro del territorio nacional. Bajo esa mirada, la política migratoria deja de ser una política de orden y empieza a parecer un ejercicio de dureza administrativa.

Según se ha informado, el Gobierno estudia limitar beneficios sociales para “cerrar la llave” de la migración irregular, bajo la idea de hacer de........

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