En una anterior columna, en el tema seguridad, señalaba la necesidad de acompañar las medidas coyunturales a la elaboración de una Política Criminal de Estado, omnicomprensiva, transversal y permanente. Lo mismo vale para el tratamiento del fenómeno de la inmigración en Chile, pues esta se ha instalado en el centro del debate público chileno, aunque buena parte de esa discusión continúa dominada por las urgencias del momento. El problema se complica cuando terminamos confundiendo la suma de medidas parciales con una estrategia nacional de largo plazo.

Chile ha experimentado una transformación demográfica de considerable magnitud. Según el Censo de 2024, más de 1,6 millones de residentes habían nacido en el extranjero, equivalentes al 8,8% de la población censada. Las estimaciones del INE y del Servicio Nacional de Migraciones, que utilizan una metodología diferente, situaban la población extranjera residente en aproximadamente 1,9 millones de personas a fines de 2023. Cualquiera sea el indicador utilizado, estamos ante un factor que ha modificado profundamente la composición social del país.

Hay una realidad que convendría incorporar definitivamente a la deliberación política, esto es que una parte considerable de quienes llegaron a Chile permanecerá aquí. Han formado familias, tienen hijos nacidos en el país o que estudian en escuelas nacionales, han establecido relaciones laborales, creado pequeños negocios, adquirido viviendas y construido vínculos sociales que difícilmente desaparecerán. Muchos han encontrado aquí un lugar donde desarrollar sus vidas, después de abandonar países que ofrecían escasas posibilidades de hacerlo. Quiérase o no, esas personas y sus descendientes formarán parte de la sociedad chilena de las próximas décadas. La inmigración dejó de ser exclusivamente un problema de ingreso y permanencia en el territorio. Se ha convertido en una cuestión fundamental para el futuro del país.

Por cierto, no partimos de cero. Chile cuenta con la Ley de Migración y Extranjería de 2021 y con una Política Nacional de Migración y Extranjería aprobada en 2023, que incorporó objetivos de regularidad, seguridad, desarrollo e integración.........

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