El libro blanco de la legitimidad fabricada: El domingo 18 de octubre de 2026, se celebró lo que el gobierno llamó "una jornada electoral directa, participativa y protagónica". Las cifras oficiales hablan de 5.418 comunas y circuitos comunales, 37.205 proyectos financiados y una "masiva movilización" que obligó incluso a prorrogar una hora el cierre de las mesas. Sin embargo, detrás del despliegue de mesas, testigos y el ya famoso "libro blanco" del CNE, late una pregunta incómoda que ningún acta oficial responde: ¿cuántos de esos consejos comunales y comunas que postularon proyectos existen realmente conforme a la ley?, ¿Cuántas asambleas de ciudadanos y ciudadanas fueron legales y legitimas?.

La consulta se presentó como un ejercicio de democracia directa, pero la democracia directa tiene reglas. Y esas reglas no son un adorno: son la condición y la posibilidad de que el voto de una comunidad no sea un acto de fe. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) no permite que un grupito se autodenomine "lideres y lideresas de los consejo comunal" se reúnan de manera clandestina en las salas de gobiernos comunal en circuitos y comunas, promuevan ideas sin sustento técnico que avalen la factibilidad de los mismos. Los proyectos no deben ser promovido a consulta nacional para ser elegidos sin haber pasado por el tamiz de un censo demográfico y socioeconómico actualizado. El artículo 6 de la LOCC ordena expresamente la conformación de un equipo promotor que organice la realización del censo demográfico y socioeconómico de la comunidad" como base para constituir el consejo comunal y para determinar su ámbito geográfico y su base poblacional. Ese censo no es un requisito burocrático menor: es el que fija cuántas personas habitan el territorio y, por tanto, cuántas deben participar en asambleas de ciudadanos y ciudadanas para que una decisión sea válida.

El artículo 19 de la misma ley es todavía más claro. Las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas —la instancia máxima de decisión del consejo comunal— en el artículo 21 se establece que las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los y las asistentes a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, siempre que la misma cuente con un quórum mínimo del treinta por ciento (30%) de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo de la segunda convocatoria. Cabe destacar, que de darse una tercera convocatoria es evidencia de la baja participación ciudadana, y por ende del........

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