La más importante de las innovaciones contenidas en la Constitución de 1999 fue la inclusión del principio y del derecho a la participación de las personas en los asuntos públicos, materializados en dos ámbitos diferenciados: por una parte, la participación política de las y los ciudadanos, concebida como un derecho político que se otorga a los ciudadanos, quienes además tienen el deber de participar solidariamente en la vida política del país; y, por la otra, la participación individual y comunitaria en los asuntos públicos, concebida como un derecho de toda persona individualmente considerada o como derecho colectivo, concebido incluso como un deber general de participar solidariamente en la vida civil y comunitaria del país (art. 132 CRBV).

He allí el corazón de una nueva Venezuela revolucionaria, donde la participación protagónica se expresa en cada barrio y urbanización, en cada comunidad rural, campesina e indígena. Allí late un deseo común: construir un país más justo, donde los recursos públicos sean manejados con transparencia y donde la voz del pueblo sea escuchada y tomada en cuenta.

Este 9 de abril se cumplen 20 años de la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, creada para construir una sociedad de equidad y justicia social, permitiendo a las comunidades organizadas manejar recursos financieros para proyectos locales. Las y los ciudadanos organizados en unidades de Contraloría Social en los Consejos Comunales de toda Venezuela han sido el instrumento del pueblo: un derecho y un deber consagrados para vigilar que lo que es de todos se administre para el bien de todos. Sus fundamentos son el derecho que tenemos todas y todos a participar, con sujeción a la ciudadanía, con derechos políticos reservados exclusivamente a los venezolanos que posean la cualidad de ciudadanos patrióticos (no inhabilitados y con la edad legal requerida). La libertad debe ser un ejercicio soberano sin más limitaciones que el derecho ajeno y el orden público. Con la premisa suprema de la defensa del Poder Popular y la honorabilidad de vivir en una patria libre, soberana y antiimperialista.

Han sido años de muchos logros, pero también de reveses.

La historia dio un giro crucial en diciembre de 2010, cuando el Comandante Chávez promulgó la Ley Orgánica de Contraloría Social, cuyo objetivo es facultar a la ciudadanía y al Poder Popular para vigilar, evaluar y controlar la gestión pública y comunal, debido a las múltiples irregularidades que habían incurrido en los manejos de los fondos públicos. El 8 de junio de 2023, el presidente Nicolás Maduro promulgó la reforma de esta ley. Esta actualización se realizó para fortalecer el papel de las comunas y los consejos comunales en el control de los recursos y la gestión pública. La reforma no solo actualizó un marco legal: fue como encender una luz más potente en el camino de la participación popular.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a los órganos y entes del Poder Público, a las organizaciones e instancias del Poder Popular y a las personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los derechos o intereses colectivos, sin más limitaciones que las establecidas para asegurar la preservación de la seguridad interior y exterior, la investigación criminal, la intimidad de la vida privada, el honor, la confidencialidad y la reputación.

Su artículo más transformador fue aquel que facultó al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales a........

© Aporrea