Durante décadas, el mundo se sostuvo —al menos en apariencia— sobre una arquitectura de normas, tratados y principios que pretendían regular la conducta de los Estados. Este sistema, articulado principalmente a través de la Organización de las Naciones Unidas, prometía un orden basado en reglas, donde la soberanía, la legalidad y la cooperación multilateral constituían los pilares fundamentales de la convivencia global. Sin embargo, en los últimos años, ese orden ha comenzado a resquebrajarse de manera evidente. Lo que antes se presentaba como un sistema jurídico internacional estable, hoy se revela como un entramado frágil, selectivo y, en muchos casos, subordinado a los intereses de las grandes potencias. La realidad contemporánea obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿existió realmente un orden internacional basado en reglas, o fue siempre una construcción funcional al poder hegemónico?

La ilusión del orden normativo. El discurso dominante posterior a la Segunda Guerra Mundial planteó que el uso de la fuerza quedaba restringido, que la soberanía era inviolable y que los conflictos debían resolverse mediante mecanismos diplomáticos. Sin embargo, la práctica histórica ha demostrado que estos principios nunca fueron aplicados de manera uniforme. Las potencias, especialmente Estados Unidos, han operado bajo una lógica dual: promueven el respeto al derecho internacional cuando les conviene, pero lo ignoran cuando sus intereses estratégicos están en juego. Lo que estamos presenciando hoy no es una anomalía, sino la fase más explícita de un proceso que siempre estuvo latente: la subordinación del derecho al poder.

La ruptura: de la norma a la disrupción. Los acontecimientos recientes —particularmente en regiones como el Caribe y el Medio Oriente— han marcado un punto de inflexión. La intervención en Venezuela y las acciones militares en Irán no solo representan episodios aislados de tensión geopolítica, sino manifestaciones de un cambio estructural más profundo. En el caso venezolano, el secuestro del jefe de Estado Nicolás Maduro y de Cilia Flores constituye, desde una perspectiva jurídica, una violación directa del........

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