La discusión sobre la entrega del petróleo venezolano al capital estadounidense no puede reducirse a una cuestión jurídica, administrativa o parlamentaria. Mucho menos puede resolverse apelando exclusivamente a los mecanismos del Estado burgués. Detrás de toda ley, de todo contrato, de toda sentencia y de toda decisión gubernamental existe una determinada relación de fuerzas entre las clases sociales. Pretender detener una política de entrega de los recursos estratégicos del país mediante los instrumentos institucionales, sin construir al mismo tiempo la fuerza independiente de los trabajadores, significa desconocer precisamente aquello que el marxismo coloca en el centro de su análisis, la lucha de clases.

No estamos ante un problema puramente jurídico. Estamos ante un problema de poder. Y cuando se trata del petróleo, estamos hablando además de una industria estratégica cuyo funcionamiento depende directamente del trabajo de miles de obreros y técnicos. Por eso resulta necesario discutir críticamente una concepción política muy extendida entre sectores de la pequeña burguesía. La idea de que, frente a una política gubernamental que consideran contraria a los intereses nacionales, basta con acudir a tribunales, parlamentos, leyes, recursos constitucionales o procedimientos administrativos para detenerla.

La pequeña burguesía ante el problema del poder

La pequeña burguesía suele contemplar la sociedad desde la superficie de sus instituciones. Ve un gobierno, un parlamento, unos tribunales, unas leyes y unos procedimientos administrativos, y tiende a considerar que allí se encuentra el verdadero centro de gravedad de la política. Su horizonte político queda entonces limitado a conseguir que determinada institución adopte una determinada decisión.

El marxismo parte de otro punto. No comienza preguntando únicamente qué dice una ley, sino qué relaciones sociales hacen posible que esa ley exista y sea aplicada. No pregunta solamente quién ocupa un despacho ministerial, sino qué clases sociales sostienen materialmente determinado régimen. No observa el Estado como una maquinaria suspendida por encima de la sociedad, sino como una estructura vinculada a relaciones de clase concretas. Es la superestructura derivada de unas determinadas relaciones de producción y propiedad. Es ahí desde donde analiza el marxismo. Desde el materialismo dialéctico.

Por eso, cuando un gobierno impulsa una política favorable al capital extranjero, la pregunta fundamental no puede ser únicamente qué recurso jurídico puede presentarse contra ella. La pregunta fundamental es: ¿qué fuerza social puede impedir que esa política sea ejecutada?

Ahí aparece la diferencia entre una concepción pequeño-burguesa y una concepción proletaria de la lucha política.

La primera mira hacia las instituciones buscando un árbitro que corrija los abusos del poder. La segunda mira hacia las clases sociales y hacia la relación de fuerzas existente entre ellas.

El Estado burgués no es un árbitro situado por encima de las clases

El marxismo no necesita suponer que cada funcionario, cada juez o cada parlamentario actúa conscientemente como representante directo de la burguesía para comprender el carácter de clase del Estado. El problema es más profundo.

El Estado funciona dentro de una sociedad dividida en clases y contribuye a reproducir las relaciones sociales existentes. Sus instituciones pueden garantizar derechos, establecer límites al poder ejecutivo, procesar conflictos e incluso introducir reformas importantes. Pero todo ello ocurre dentro de un determinado orden social.

Por eso es una ilusión pensar que las instituciones pueden separarse completamente de la estructura de poder que las sostiene.

Cuando el capital posee los recursos económicos, controla sectores fundamentales de la producción y dispone de enormes mecanismos de presión nacional e internacional, una sentencia judicial no elimina esas relaciones de poder. Una votación parlamentaria tampoco hace desaparecer al capital. Una disposición constitucional no modifica automáticamente la correlación de fuerzas entre las clases.

La forma jurídica puede expresar una relación de fuerzas, pero no puede sustituirla.

Y precisamente por eso el marxismo revolucionario jamás ha reducido la política a la interpretación de textos legales.

El fetichismo jurídico o cuando la ley sustituye a la lucha de clases

Existe una forma particular de fetichismo que consiste en atribuir a la ley una capacidad transformadora que solamente puede provenir de la acción organizada de las clases sociales.

El fetichismo jurídico........

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